El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho esfuerzos importantes en materia de combate a la corrupción, pero en dos años no se pueden lograr acciones de forma tajante, aseguró la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés), organismo que aseguró que debido a la pandemia de Covid-19 ese problema se pudo agravar en América Latina.

En el contexto de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, los representantes en Iberoamérica de la ICC resaltaron que es importante acabar con ese flagelo con el fin de impulsar el crecimiento económico y la inclusión social.

“Hemos notado que la pandemia ha agravado los riesgos de corrupción, soborno, fraude, comercio ilegal y lavado de dinero que afectan a la sociedad y las empresas”, sostuvieron.

Destacaron que el costo de la corrupción equivale a 5 por ciento del producto interno bruto (PIB) a nivel global, según datos del Banco Mundial, mientras que en América Latina, asciende a 220 mil millones de dólares anuales, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo.

Con dicho monto, dijeron, ya se podrían haber solucionado la pobreza extrema en Latinoamérica.

Agregaron que de acuerdo con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), 51 por ciento de la región considera a la corrupción el principal problema que afectaba a la región antes de la pandemia.

“Esta situación se podría haber agravado por la necesidad de que las compras para paliar el Covid-19 se realicen utilizando métodos más ágiles y directos, por fuera de los controles habituales”, apuntó.

Diego Sierra, presidente de la Comisión Anticorrupción del organismo en México señaló que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho importantes esfuerzos para combatir dicho mal en México. Sin embargo, subrayó que dos años no son suficientes para erradicarla.

Los representantes de la ICC hicieron un llamado a los gobiernos de la región latinoamericana para adoptar mecanismos y políticas públicas que refuercen a las operaciones del Estado, tomando en cuenta que las prácticas corruptas debilitan la economía, demeritan la competitividad nacional y ahuyentan la inversión extranjera.

El organismo recomendó a los gobiernos iberoamericanos, la aplicación de las medidas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), promovidas durante la pandemia, para incentivar la integridad durante los procesos de contratación pública.