En la iniciativa privada “no hay un consenso” para respaldar la propuesta del gobierno federal en materia de subcontratación; sin embargo, las mesas de diálogo continuarán tanto con el Ejecutivo federal, como con el Legislativo, aseguró la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

En conferencia a distancia, el presidente de ese organismo del sector empresarial, Enoch Castellanos Férez, señaló que el planteamiento de topar la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) de la empresa o la eliminación del insourcing no goza del apoyo de todas las asociaciones de empresarios.

“Hago votos por que el sector empresarial negocie en su conjunto, analizando todos los intereses de quienes estamos representados y que finalmente haya sensatez en el gobierno”, subrayó.

Alertó que desaparecerá un millón de empleos durante el proceso de transición a nuevas figuras laborales, pues se tiene que pasar de una razón social a otra en el caso del insourcing, en caso de que se apruebe la desaparición de la subcontratación.

Sostuvo que eliminar la figura del insourcing, es decir, cuando un grupo de empresas crea una filial dentro del mismo para contratar a trabajadores para no tener que pagar el mismo monto de utilidades, tendrá un impacto negativo.

“Una tercera parte de los 4 millones 900 mil trabajadores que están en subcontratación pertenecen a pequeñas y medianas empresas (pymes), que no están incorporadas a grandes corporativos y creemos que las dejamos desprotegidas y con el tiro de gracia, dado que perderán competitividad contra sus competidoras y será un factor adicional para la no sobrevivencia”, mencionó.

Por otra parte, Canacintra recordó que aún con la reapertura de actividades hay más de 11 mil 500 empresas formales que han cerrado entre abril y octubre, 98 por ciento de ellas son micro, pequeñas y medianas.

Destacó que la recuperación parcial del empleo se ha dado en la economía informal, el subempleo y el autoempleo, mientras en el sector formal, casi la mitad de los trabajos recuperados son eventuales.

Castellanos Férez comentó que pareciera que el gobierno no acaba de dimensionar el tamaño de la situación y sigue actuando como si la economía y la crisis de salud fueran dos cosas distintas.

Agregó que hay una verdadera situación de emergencia que sigue oculta bajo la narrativa de que México salió “de lo peor” y que no se sostiene frente a los datos duros.

“Es indispensable generar un verdadero clima de confianza y certidumbre legal, que permita invertir y fortalecer la actividad de quienes mueven cerca de 80 por ciento de la economía”, expresó.

“La situación es verdaderamente preocupante. Eso es el sentir de la industria mexicana. Y los datos reflejan esa realidad”, indicó.