Morena en la Cámara de Diputados definió que la reforma al Poder Judicial de la Federación es congruente con la lucha contra la injusticia y la impunidad y evaluó que se fortalecerá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con cambios como la jurisprudencia por precedentes, y también a los órganos constitucionales autónomos locales al ampliar su facultad de interponer controversias constitucionales.
En una discusión pública de la minuta del Senado -a revisión en la Cámara y que se aprobará en una sesión el lunes 14-, el consejero de la Judicatura Federal, Alejandro González Bernabé, reconoció que el Poder Judicial ha enfrentado casos de corrupción y nepotismo, pero acotó que es una práctica ajena a la mayoría de sus integrantes.
Además consideró que la reforma constituye “el siguiente peldaño para el fortalecimiento de la institución judicial y que está conectado a la realidad del país”. Durante el foro, de carácter virtual, la presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega Martínez (PAN), sostuvo que la reforma se presenta en un contexto donde prevalece un estado de impunidad y frente a la demanda insatisfecha de justicia.
Consideró que la reforma promovida por el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea coloca “en el centro de la discusión nacional un tema fundamental, como la posibilidad de revisar de forma integral el funcionamiento del Poder Judicial para encontrar cómo fortalecerlo y ello es plausible”.
También convino que resolverá temas como el nepotismo y la corrupción en el Poder Judicial, pero lamentó que se deja pendiente renovar los mecanismos de nombramiento de los ministros de la Corte, así como la justicia en el ámbito local.
Coincidimos con los postulados del Presidente de la Suprema Corte, el ministro presidente Arturo Zaldívar, en los 5 ejes temáticos de esta reforma de gran calado para el poder judicial federal:
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Aleida Alavez (Morena), sostuvo que se coincide con lo ejes del ministro Zaldívar respecto del alcance de la reforma: fortalecer a la Corte; combatir la corrupción, el nepotismo y el acoso, al dotar al Consejo de la Judicatura de mayores facultades para tomar medidas cautelares y acciones contra integrantes del Poder Judicial que desvirtúen sus funciones.
Además, impulsar la carrera judicial; contar con una defensoría pública a la que la población recurra con la confianza y certeza de que se defenderán sus derechos de manera profesional; y garantizar la igualdad de género.