Ciertamente es fundamental el combate a la corrupción y hay que ligarla estrechamente con la impunidad sistémica que ha padecido el país. No vale, por tanto, eludir la responsabilidad de Estado, así no corresponda al actual sexenio. Menos aún minimizar esa dimensión, como sucedió el pasado 4 de diciembre en la audiencia pública convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno al caso de la señora Ernestina Ascencio.
Recuento: el 25 de febrero de 2007, doña Ernestina Ascencio, indígena de 73 años, fue encontrada por su hija tirada en el monte donde llevaba cotidianamente a pastar a sus ovejas, cerca de un campamento del 63 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, en la comunidad de Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa, Veracruz. Al preguntarle lo que le había sucedido, doña Ernestina, en su lengua náhuatl, respondió: “Los soldados se me echaron encima, mi hija. Me duele la cadera”. Tras lograr que ingresara a un hospital, falleció la madrugada del día siguiente debido a los graves daños causados por una violación calificada de tumultuaria. Así fue descrito en la necropsia que le fue practicada en el Hospital Regional de Tierra Blanca, Veracruz, dado lo cual se abrió una investigación en la agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y contra la familia en la entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJ).
En sus primeras declaraciones, representantes del gobierno de Veracruz, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), condenaron el crimen, mientras la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) manifestó públicamente que los agresores pertenecían a grupos que pretendían desprestigiar al Ejército. Sin embargo, el caso dio un giro que llevó a desechar de la carpeta de investigación toda evidencia de lo ocurrido y la CNDH intervino solicitando la exhumación para concluir que se trató de una muerte “natural” y, lo insólito, el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, declaró (9/3/07) que Ernestina murió de “gastritis crónica mal atendida” y fue respaldado por la CNDH, la Sedena y la PGJ concluyó con ello la investigación que duró dos semanas. La indignación que generó esta decisión que a todas luces protegió al Ejército, motivó la intervención de organizaciones que exigieron acceso a las constancias del expediente de investigación. Sin embargo, la “versión pública” entregada por la PGJ de Veracruz ocultó las principales pruebas, por lo que interpusieron recursos que resultaron ineficaces.
Ante ello, en 2012, Abogados y Abogadas para la Justicia y los Derechos Humanos, el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara AC, la Coordinación Nacional de Mujeres Indígenas y la casa Kalli Luz Marina presentaron el caso ante la CIDH, denunciando al Estado mexicano por las causas que provocaron la muerte de Ernestina, por la falta de esclarecimiento de los hechos y por la impunidad de los responsables. Hasta 2017 la CIDH admitió el caso, el cual se encuentra ahora en la etapa de análisis sobre el fondo de los hechos denunciados, lo que le llevará a determinar la responsabilidad del Estado mexicano, y de ella hace parte la audiencia del 4 de diciembre pasado.
La delegación oficial se integró por Cristopher Ballinas Valdés, director para Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la versión veracruzana del Estado mexicano; Hernán Cortés Hernández, representante de la FGE de Veracruz, y el secretario ejecutivo del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Daniel Adalberto Pereyra, quienes ante la postura de las peticionarias respondieron que las autoridades realizaron la investigación de forma justa y reiteraron la versión arriba señalada: la transmutación de una violación y feminicidio en una úlcera gástrica. También asistió, en silencio, por la Sedena, el general Aníbal Trujillo.
La comisionada Esmeralda Arosemena cuestionó a los representantes del Estado mexicano por qué se cambió de manera completa la información del peritaje inicial que determinaba una violación; “me llama la atención”, dijo, “esa facultad de la Comisión Nacional”. Preguntó qué tan normal es que el presidente Calderón se haya pronunciado en favor de la última versión. Las otras comisionadas solicitaron información referente al número de casos de violaciones por miembros del Ejército registradas por las autoridades federales. La CIDH ha resuelto casos al respecto contra México, que involucran a militares: Cabrera García y Montiel Flores; caso Fernández Ortega y otros vs México, caso Rosendo Cantú, caso Radilla. No somos iguales, se insiste; habrá que ver si continuará la impunidad de los militares que violaron y a la postre asesinaron a Ernestina Ascencio.
