La Paz., El presidente de Bolivia, Luis Arce, advirtió ayer a los militares que no pueden evadir su responsabilidad en la cruenta represión que dejó más de una veintena de muertos entre manifestantes que protestaban contra el golpe de Estado del año pasado.

“Quiero decirles de manera muy sincera a las fuerzas armadas que no es posible evadir ni eludir la justicia, que como gobierno y Estado boliviano estamos obligados a contribuir proporcionando la información para esclarecer las muertes en la pasada gestión”, sostuvo Arce durante un acto militar.

El gobernante, quien presidió la graduación de oficiales de alto rango de la Armada, hizo así su primera alusión a un comunicado del alto mando castrense, de finales de noviembre, que declaraba un “desconcierto” militar por la decisión judicial de procesar a un general de la fuerza aérea por una de las matanzas de 2019.

Arce señaló que las fuerzas armadas, y en general todas las instituciones del Estado, deben colaborar a la investigación que realiza un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las matanzas que siguieron al golpe contra el gobierno de Evo Morales.

Según el mandatario, quien hoy cumple un mes en la presidencia, el gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020), que se instaló tras el derrocamiento de Morales, “lamentablemente mal utilizó a las fuerzas armadas al enfrentarlas al pueblo boliviano”.

Al actuar los militares al servicio de “intereses de grupos de personas que buscaban el poder para beneficiarse y enriquecerse de manera ilícita”, se produjeron las masacres que conmovieron al país y al mundo, sostuvo el mandatario.

“Por eso está en Bolivia la CIDH, que tiene la misión fundamental de investigar”, remarcó.

Unos días antes del relevo en la presidencia, el Congreso, controlado por el Movimiento al Socialismo (MAS), pidió a la Fiscalía General abrir un juicio de responsabilidades contra Áñez, y otras causas penales a su gabinete y jefes militares y policiales por las matanzas que ahora investiga la CIDH.

Estos juicios se sustentarían no sólo en la violencia, sino en un decreto de Áñez y su gabinete que autorizó el uso de fuerza militar contra las protestas, eximiendo a los uniformados de eventuales responsabilidades penales.

Por otra parte, informes oficiales citados por la agencia de noticias Ap dan cuenta de que la oposición, más fragmentada tras su reciente revés en los comicios, enfrentará al MAS con 38 alianzas en la elección de gobernadores y alcaldes, a celebrarse el 7 de marzo próximo.

El Tribunal Supremo Electoral informó ayer que revisará si las alianzas acordadas cumplen los requisitos, tras señalar que el plazo para su inscripción venció el fin de semana.

Algunos analistas consideraron ayer que ante tal división opositora, el MAS vuelve a perfilarse como gran favorito.

En esos comicios se elegirá a nueve gobernadores y más de 342 alcaldías. El MAS es favorito para ganar sobre todo en los municipios rurales y pueblos pequeños, dada su afinidad con sindicatos indígenas, pero en las ciudades grandes la oposición es fuerte y de ganar se lograría un contrapeso político, según los expertos.

En la oriental Santa Cruz, la ciudad más poblada y reducto opositor, las dos fuerzas principales de oposición lograron una alianza para presentar un candidato único a la alcaldía.