Zacatecas, Zac., Trasnacionales mineras no quieren pagar el impuesto ecológico que, según resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), puede cobrar el gobierno de Zacatecas por cuatro conceptos de remediación ambiental, de manera retroactiva a partir de 2017.

Así lo dio a conocer el secretario de Finanzas de la entidad, Jorge Miranda Castro, al comparecer ayer ante el pleno del Congreso local a propósito de la discusión del paquete presupuestal 2021.

En la Ley de Ingresos de 2017 se crearon los gravámenes ambientales; sin embargo, las mineras nacionales y extranjeras asentadas en Zacatecas se ampararon.

Luego del fallo de la SCJN, emitido el 7 de febrero de 2019, distintos tribunales colegiados de circuito comenzaron a resolver los 29 amparos que interpusieron las compañías mineras.

Miranda Castro reveló: “No está siendo fácil la negociación con los consorcios; siguen actuando como si hubieran ganado los litigios”.

Lo más grave, acotó, es que algunos magistrados de los tribunales colegiados de circuito “están emitiendo resoluciones que contravienen el espíritu de la resolución de la Suprema Corte” para ayudar a las mineras a que eludan los gravámenes.

El tesorero ejemplificó que en el caso de la estadunidense Newmont, propietaria de la mina de oro a cielo abierto Peñasquito, el gobierno encabezado por el priísta Alejandro Tello propuso en una negociación cobrar a esa compañía 2 mil millones de pesos por cuatro años de impuestos ecológicos.

No obstante, los directivos de la trasnacional no aceptaron. “Dijeron que ese monto haría incosteable su empresa”, por lo que han ofrecido pagar sólo 500 millones de pesos. Además, Newmont “pone como condición que sea un pago único; es decir, cubrir ese monto y que el próximo gobierno estatal ya no les cobre”.

Advirtió que el gobierno de Tello –que concluye en septiembre próximo– “no se prestará a negociaciones por debajo de la mesa”, pues varias trasnacionales mineras “ofrecieron pagarnos mil millones de pesos, pero nos piden borrón y cuenta nueva para que a partir del 2021 ya no exista ese impuesto. Pero eso es algo que no vamos a hacer.

“La fecha límite de negociación para que las mineras paguen será el 31 de diciembre, y de no darse términos favorables para el estado, en enero de 2021 ejerceríamos formalmente facultades de comprobación”, expuso el funcionario.

“Dolorosamente, tendríamos que intervenir cuentas y designar un interventor. Eso va a ser incómodo para las empresas, pero tenemos facultades extraordinarias de cobro coactivo que nos otorgó esta asamblea en 2017 y las vamos a ejercer a plenitud”, advirtió.