¡Fuera máscaras!, exige la dirigencia nacional de Morena ante el amasijo “aliancista” de priístas, panistas y perredistas –con el gran capital como patrón–; pero tal reclamo parece extemporáneo, pues todos saben que en realidad se las quitaron desde muchos años, al menos desde las fraudulentas elecciones de 1988, cuando tricolores y albiazules, abierta y descaradamente, validaron la estafa y la rubricaron con la quema de boletas.
De ahí para adelante, porque siguieron muchísimas concertacesiones públicas entre priístas y panistas ( Prian), como la gobernatura de Baja California, en 1989, y el cúmulo de “reformas”, leyes a modo, privatizaciones que postraron a los mexicanos, y “rescates” privados a diestra y siniestra (con recursos públicos, desde luego; cómo olvidar el Fobaproa), por citar algunas. Con Peña Nieto, a ese mismo camión, abiertamente y sin decoro alguno, en calidad de mendigo y méndigo, se subió el PRD en el llamado Pacto por México. Y ahora se ve al impresentable Borolas pide que pide limosna para que a él y su pandilla les permitan abordar y no los dejen fuera del negocio.
Son pasajes a botepronto, cápsulas de memoria, de los muchísimos cochupos que sólo a lo largo del régimen neoliberal hicieron las famiglias de la mafia política mexicana, siempre con sus padrinos del gran capital como los grandes beneficiarios de sus acciones. Pero ahora los cínicos “aliancistas” pregonan que su decisión no tiene otro objetivo que “cuidar al país” (el mismo que destrozaron, desvalijaron y sangraron) y “proteger lo mucho que (con ellos, según dicen) México ha avanzado”. Allá el tarugo que se trague esta descarada mentira.
Los “aliancistas” quieren mayoría en la Cámara de Diputados, por ser ésta la única legalmente facultada, vía Presupuesto de Egresos de la Federación, para decidir sobre el destino y monto de los dineros de la nación, incluido el “invento” panista de los moches, compartido con priístas, perredistas y micro partidos. Pero les cerraron el negocio.
En la mañanera de ayer, el mandatario resumió muy bien la intentona “aliancista”: “son lo mismo, defienden la misma política antipopular, entreguista. Se unieron para imponer el modelo neoliberal, para privatizar, saquear, imponer un régimen antidemocrático, corrupto, que llevó al país a una grave crisis económica, social, porque durante todo el periodo neoliberal en que ellos dominaron, lo principal era el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Era robar, robar y robar. Y ahora que se está llevando a cabo una transformación, pues no se aguantaron, los dominó el ansia y deciden quitarse la máscara y unirse. Es un hecho, la verdad, histórico: se unen el PRI y el PAN; antes se daba de facto la alianza, pero ahora es formal”.
El mandatario recordó que siempre ha sostenido que “la llegada de Carlos Salinas significó la alianza de facto entre PRI y PAN, y a partir de ahí vino una etapa nueva (el Prian). Desde entonces vienen haciendo acuerdos, a-puestan a la llamada alternancia, el mismo régi-men con un partido u otro. Entregan la primera gubernatura (la de Baja California) para simular que había pluralidad, y a partir de ahí todos los acuerdos, hasta los últimos (reformas energética, fiscal, educativa), todo esto en el Congreso, mientras una minoría se dedicaba a saquear”.
Con el nuevo régimen, dijo, “queremos que haya una auténtica democracia, que es el go-bierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Y esto (a los “aliancistas”) los tiene muy in-conformes, molestos y los lleva a quitarse las máscaras y a decir: ‘sí, somos lo mismo y qué’”. Entonces, ¿fuera caretas? Para qué, si nunca la usaron.
Y si de mafiosos se trata, ¿los gringos extraditarán a Genaro García Luna?
Las rebanadas del pastel
Cambios en el gobierno: el fantasma que en los dos últimos años deambuló por la Secretaría de Economía se va al Inegi; llega Tatiana Clouthier; Galia Borja, tesorera de la Federación, llegaría de subgobernadora al Banxico; su relevo es Elvira Concheiro; la capitán de Altura, Ana Laura López Bautista, coordinará Puertos y Marina Mercante, en lugar de Rosa Icela Rodríguez, actual secretaria de Seguridad Pública federal.
