Chilpancingo. Durante el XXVI informe “Como una noche sin estrellas”, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, denunció que la violencia provocada por los grupos de la delincuencia organizada, aliada con sectores del gobierno, dejó en el último año la muerte de luchadores sociales como Arnulfo Cerón Soriano, así como de tres periodistas, y el exilio de uno más; además de la salida de la entidad de dos defensores de derechos humanos.

Como lo señala el International Crisis Group (ICG, por sus siglas en inglés), la impunidad sigue imperando en nuestro estado” afirmó Abel Barrera Hernández, director del Centro Tlachinollan, al iniciar su intervención vía virtual, acompañado por su compañero de equipo, el abogado Vidulfo Rosales Sierra; Tania Reneaum Panszi, directora de Amnistía Internacional Sección México; Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; y Luis Hernández Navarro, coordinador de la Sección de Opinión de La Jornada”.

Dijo que con el confinamiento por el Covid-19, la violencia en Guerrero aumentó los actores armados (delincuentes) que “están actuando impunemente. En Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo, la situación se desbordó desde hace dos años, por el desplazamiento de personas, debido a que la delincuencia empoderada, entró a las comunidades para someter a la población”.

Lo grave es que las autoridades se aliaron con otros grupos de la delincuencia “por eso están en riesgo los defensores de los derechos humanos, Teodomira Rosales, y Manuel Olivares, que están fuera del estado porque no hay condiciones de acompañar a las familias desplazadas en la sierra; también Ezequiel Flores, periodista de Proceso, tuvo que pedir medidas de protección, en este año. Las organizaciones de periodistas documentaron el caso compañeros asesinados en Iguala, Acapulco, Apaxtla, y eso es grave. El poder de la delincuencia está enfrentando, a los defensores, a los periodistas, a las organizaciones sociales, y a los activistas”.

La impunidad sigue imperando “en nuestra estado no se investigan los delitos; hay más de 40 grupos delincuenciales disputando los territorios aquí en el estado de Guerrero”.

También las autodefensas buscaron impedir la entrada de los grupos de la delincuencia “aunque en el mismo territorio de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) han asesinado a 15 de sus dirigentes, entre ellos a Ernesto Gallardo, y Esteban Gallardo, asesinados este año; y de parte de la CRAC-PC, asesinaron a un coordinador saliendo de su oficina en San Luis Acatlán (Costa Chica), y se han documentado 8 casos de policías comunitarios asesinados”.

Mención especial mereció el caso de Arnulfo Cerón Soriano, dirigente del Frente Popular de la Montaña, desaparecido el 11 de octubre de 2019, y ejecutado en noviembre del mismo año: “las instituciones no operaron en el momento de buscar a las personas desaparecidas; empezamos a descubrir las redes con la delincuencia; lamentablemente había contubernio. Los grupos delincuenciales tienen más presencia que las policías municipales. Arnulfo desapareció el 11 de octubre de 2019”.

Fue un momento crítico para los defensores de los derechos humanos “se denostó contra Arnulfo por parte de las autoridades, porque estaba pidiendo cuentas al ayuntamiento; pedía obras, y exigía que el presupuesto se hiciera público; quien operó fue un grupo de la delincuencia con funcionarios del gobierno, y esto es grave”.

Con el Frente Popular de la Montaña, que organizó Arnulfo Cerón “hicimos la denuncia, agradecemos a la Oficina de la ONU, que intervino ante el gobernador (Héctor Astudillo Flores), que ayudó a que se lograra dar con su paradero”.

Después se refirió al tema del Covid-19 “en Tlapa York, como se le conoce al municipio, a quienes más afectó es a la población indígena, aquí registramos 63 casos de indígenas fallecidos en Nueva York a los que se apoyó con mil dólares, para pagar la cremación, de lo contrario irían a la fosa común. Llegaron alrededor de 26 cajas de personas muertas”.

En Tlapa solo hay una unidad Covid-19 “en donde hay con 15 camas, y 6 ventiladores; y de los 19 municipios se han recibido a 800 personas en el Hospital General, y se tiene un registro 300 que fallecieron; solo una vez se aplicaron las pruebas PCR en el zócalo de Tlapa”.

Después abordó el problema de las desapariciones en Tlapa “ hemos hecho 5 jornadas de búsqueda con la Comisión Nacional de Búsqueda, y se han encontrado 7cuerpos, y más de106 restos óseos; en el punto Tres Postes se encontraron 4 cuerpos de una familia; se ha ido descubierto que el territorio fue mancillado por la delincuencia con 4 fosas clandestinas hallas”.

Resaltan los feminicidios “las mujeres están pagando el confinamiento; se han documentado 7 casos de feminicidio, y 19 casos de muertes violentas; seis casos de mujeres desaparecidas; y 6 niñas desaparecidas; niñas de 9 a 16 años con violación sexual, se han contabilizado 14 casos”.

De febrero a octubre, el Consejo de Jornaleros “registró más de 12 mil personas que salieron a los campos agrícolas de Sinaloa, Chihuahua y Michoacán, que se van a trabajar con sus niños; no hay seguimiento, los campos los campos no cumplen con la guía implementada por la Secretaría del Trabajo”.

Más de 5 mil niños están saliendo a los campos “ es grave el desempleo y la crisis del desempleo, con la organización Fundar, hemos impulsado una campaña nacional, para que se la Comisión Nacional de Jornaleros Agrícolas, fije un salario mínimo profesional, para que se haga justicia por lo jornaleros; los que cargan bultos de 40 a 50 kilos, que ganan 150 pesos diarios a lo máximo, queremos que se fije en 300 pesos como salario mínimo”.

El abogado de los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, afirmó que durante 5 años de investigación del gobierno anterior, fue una simulación “fue irregular, de manera deliberada, para ocultar la verdad, se torturo se manipularon pruebas, en fin se cerraron los caminos para saber lo que ocurrió el 26 de septiembre, y se encubrió autoridades federales”.

En 2019 hubo pocos avances “y en 2020, se atravesó el tema del coronavirus, que impactó en las investigaciones y en la búsqueda. El 26 de septiembre hubo 80 órdenes de aprehensión libradas, contra funcionarios federales Tomás Zerón de Lucio; Carlos Gómez Arrieta; el capitán José Martínez Crespo; así como de José Angel Salgado Casarrrubias, alias el Mochomo. EL reto es saber cómo llevar a proceso a Zerón de Lucio”

Hay obstáculos, como es el caso del Ejército Mexicano “ hay pruebas que apuntan una responsabilidad mayor del ejército, pero no se ha consolidado; hay investigaciones pendientes; hay una detención que ya se cumplió, y es importante”.

“Se sigue teniendo el discurso de la jerarquía militar, de que ellos no tuvieron nada que ver en los hechos, y se siguen cuestionando, y eso no es una buena señal”.

En su turno, Tania Reneaum, de Amnistía Internacional, manifestó que el informe de Tlachinollan “es una radiografía amplia de lo que pasa en México, de lo que pasa en el Estado. Que no busca a una persona desaparecida. Es una dedicatoria amorosa, que refleja la lucha de las personas; es una es una dedicatoria con el corazón un informe profundamente humano, que muestra la profundidad del trabajo de Tlachinollan”.

Tlachinollan tiene el tino de “poner los ojos en donde casi nadie los pone; nos de la migración de la gente que se va a Nueva York, sin temer al río, a los polleros, al al crimen organizada. Nueva York es hoy una concepción de éxito para los jóvenes indígenas de 19 municipios de la Montaña de Guerrero”.

Gracias a Tlachiollan, sabemos de la muerte de indígenas mixtecos “que algunos no llegaron al hospital por miedo a ser deportados; son 63 personas muertas por Covid)”

El representante del Alto Comisionado de la ONU, Jesús Peña, dijo que el caso de Arnulfo Ceròn, es un caso prioritario de la dependencia, y urgió al gobierno estatal a esclarecer el crimen.

“México se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo, para la defensa de los derechos humanos, y para el ejercicio de la libertad de expresión; lo decía hace unos días el propio subsecretario (de Gobernación) Alejando Encinas, que presentaba un recuento de las agresiones a los periodistas en este último año; que había 19 periodistas asesinados, tres de ellos en Guerrero: Roberto Ramírez, Víctor Fernando y Pedro Burrogares”, comentó.

Igualmente las personas defensoras de derechos humanos sufren las consecuencias, como son las amenazadas contra Tedomira Rosales, y Manuel Olivares, del Centro de Derechos Humanos José Ma. Morelos, en Chilapa “los asesinatos quizá son a la punta más visible; y está el caso de Ezequiel Flores, de Proceso, que ha sufrido amenazas”.

Luis Hernández, expresó que el informe de Tlachinollan “nos dice que para el Guerrero de abajo, para los de la Montaña de abajo, no hay instrumentos para tener esperanza “se les cayó el cielo, se les cayó la vida”. Los relatos atraviesan la soledad, y nos ofrecen hospitalidad a quien lo busca, y a quien los escucha. Los relatos son una declaración permanente, como decía el escritor John Berger, de lo vivido, y en el mundo sordo que vivimos”.

Tlachinollan se refiere a la precarización de Tlapa “y de cómo la delincuencia organizada, ha avanzado contr9olando la noche, y controlando los negocios inmobiliarios, que los ha convertido en el territorio para depositar cadáveres y para tener sus casas de seguridad; para llevar ahí a las gentes a las gente que secuestra, no ante la ausencia del Estado, sino con el amparo del Estado, y la captura del Estado por parte de la delincuencia organizada”.

Lo que nos recuerda Tlachinollan es que la lucha por la defensa de los derechos humanos ha pasado de los abogados, y los colectivos “a las mismas víctimas, que se han convertido en los primeros defensores de los derechos humanos, que cada uno de ellos se ha convertido en una estrella”.