El 4 de diciembre pasado tuvo lugar una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el análisis de fondo del caso Ernestina Ascencio vs. México, que fue llevado a esa instancia por la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami), la organización Kalli Luz Marina y las organizaciones de derechos humanos Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos y el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara. Para sorpresa de muchos de los asistentes que nos conectamos en línea, los representantes del Estado mexicano, repitieron ante la CIDH la vergonzosa “verdad histórica” usada por el gobierno calderonista para ocultar las violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos del Ejército Mexicano contra una mujer indígena náhuatl de Veracruz. Después de 13 años de silencio e impunidad ante uno de los casos más terribles de complicidad estatal con la violencia feminicida, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, representado por el fiscal general de Veracruz, Hernán Cortés (quien hizo honor a su nombre), por el secretario ejecutivo del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Daniel Adalberto Pereyra, y por el director general de derechos humanos de la cancillería, Christopher Ballinas Valdés, validaron las mentiras con las que el gobierno de Felipe Calderón protegió al Ejército. A diferencia de la postura asumida por este gobierno ante la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, en el caso de Ernestina Ascencio se optó por sellar el pacto de complicidad con la institución castrense validando las versiones que descalifican el testimonio de la víctima y de sus familiares.
En una audiencia considerada como un momento histórico para la CIDH –por ser la primera que se traduce simultáneamente a un idioma indígena– la interprete náhuatl Gabriel Citlahua, tradujo la fuerza de la denuncia de las peticionarias, Marilyn Ramón Medellín, mujer mazahua, de la Conami y Lizett Hernández Cruz, de Kalli Luz Marina, para los familiares de la víctima conectados a la distancia. Uniendo sus voces a las de las abogadas Carmen Herrera y Alejandra Arlet García reconstruyeron los hechos y denunciaron también la falta de acceso a la información y la complicidad del IVAI. Contextualizando la agresión a Ernestina Ascencio en el marco del impacto que la militarización ha tenido en las comunidades indígenas de la zona de Zongolica, se narró ante las comisionadas cómo el 25 de febrero de 2007 la víctima fue encontrada malherida por familiares y vecinos de la comunidad indígena de Tetlacinga, en las inmediaciones del 63 Batallón de Infantería, en la 26 Zona Militar en Veracruz. Denunciando el racismo institucional del sistema de salud mexicano, narraron que antes de morir en un hospital privado, y después de que se le negara la atención en una clínica pública, la señora Ernestina responsabilizó a efectivos del Ejército de la agresión sufrida. Las irregularidades del proceso fueron descritas paso a paso: como la primera valoración hecha por una médico forense en Orizaba, que certificaba la violación sexual y la muerte a consecuencia de la violencia perpetrada contra la víctima, fue desestimada por la Fiscalía. Después la necropsia realizada por el médico Juan Pablo Mendizabal, indicó “traumatismo craneoencefálico, fractura, luxación de vértebras cervicales, anemia aguda” y ratificó la violación sexual, también fue pasada por alto. Ambos médicos fueron despedidos y recibieron amenazas de muerte. Paradójicamente, el fiscal Hernán Cortés, se refirió a estos despidos como una respuesta institucional ante las “irregularidades del caso”.
Poco después un médico militar realizó una segunda autopsia que desestimó los informes anteriores y certificó muerte por gastritis. El 13 de marzo de 2017, el entonces Presidente Felipe Calderón, declaró que se trataba de una muerte por gastritis aguda. Esta intervención presidencial, en medio de la investigación, marcó la ruta judicial llena de irregularidades y violaciones al debido proceso, que llevó al cierre apresurado del caso el 17 de mayo de 2007.
Ante los testimonios de las peticionarias, las comisionadas Julissa Mantilla, Mary Maculey, Antonia Urrejola y Esmeralda Arosamena no podían ocultar su sorpresa frente a esta historia kafkiana que los representantes del Estado mexicano, insistían en validar. ¿Por qué desestimaron las autopsias que certificaban la violación y dieron prioridad a una autopsia que implicó exhumar un cuerpo que ya había sido limpiado y enterrado? ¿Por qué el presidente en turno se pronunció sobre un caso que tenía una investigación penal abierta? ¿Con qué argumentos el IVAI pudo negar el acceso a la información para un caso de violaciones a los derechos humanos? Cada pregunta iba poniendo en evidencia el vergonzoso papel que los representantes estatales decidieron jugar.
El papel del Estado mexicano ante la CIDH, parece ratificar una vez más la existencia de una alianza del gobierno con la institución militar. La misma que llevó a la cancillería a negociar la repatriación del ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, evitando que la justicia estadunidense lo juzgara por su participación en la redes del narco. Se ha optado por repetir una “verdad histórica” que lastima la memoria de Ernestina Ascencio y crea las condiciones para que la violencia sexual y el feminicidio sigan afectando la vida de las comunidades indígenas. Esperamos que la justicia internacional haga lo que la justicia nacional no ha logrado: poner un alto a la impunidad y develar la verdad que el gobierno ha decidido continuar ocultando.
* Doctora en antropología e investigadora del Ciesas
