Durante una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno de México señaló que en el caso de la indígena Ernestina Ascencio Rosario, quien murió en febrero de 2007 luego de haber denunciado un ataque sexual por parte de un grupo de soldados, “no se acreditaron” violaciones a las garantías básicas de la víctima, lo cual fue duramente criticado por organizaciones civiles.

La delegación mexicana, encabezada por el director general de Derechos Humanos de la cancillería, Cristopher Ballinas, desestimó las acusaciones de los colectivos que han sostenido la versión de que Ascensio fue sometida a un ataque sexual de al menos tres soldados, como indicó la primera autopsia.

El funcionario señaló, durante la audiencia realizada el viernes, que se habían llevado a cabo todas las diligencias necesarias para esclarecer la muerte de la indígena de 73 años, e incluso se habían corregido los peritajes que lo requerían, después de lo cual se llegó a la conclusión de que “no se acreditan violaciones a los derechos humanos”.

Ante dicho escenario, las organizaciones no gubernamentales Kalli Luz Marina, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos emitieron un comunicado conjunto en el que denunciaron que la conclusión del gobierno sobre este caso es “una señal de desdén y desprecio frente a la suerte que corrió doña Ernestina, su familia y su comunidad”.