La nueva ola de violencia que se ha registrado en varios municipios de Michoacán tiene relación con el control de una extensa zona donde el grupo conocido como Cárteles Unidos (que aglutina a Los Viagras y La Familia Michoacana), controla laboratorios clandestinos donde se produce droga sintética, y que permitirán extender los territorios controlados por el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalaron funcionarios federales que participan en el gabinete de seguridad.
En la pasada semana la violencia se recrudeció en municipios michoacanos controlados por grupos que tienen presencia en el estado de México, Guerrero y Morelos, como La Familia Michoacana y Los Viagras en sociedad con otras organizaciones locales, porque el CJNG busca expandir su control en zonas donde se producen drogas de diseño, explicaron los funcionarios entrevistados.
Las confrontaciones –que también han involucrado ataques a fuerzas federales y policías locales–, se han presentado en municipios como Cotija, Tocumbo, Tingüindín, Los Reyes, Tangancícuaro, Tapelcatepec y Coalcomán, sitios que son controlados por Los Viagras, La Familia Michoacana y un grupo que se ha identificado como Los Blancos de Troya.
Presuntamente, indicaron las autoridades entrevistadas, el objetivo es terminar con el control que tiene Juan José Álvarez Farías, El Abuelo, un narcotraficante que formó parte de los grupos de autodefensa que surgieron en el estado de Michoacán en 2013, durante el gobierno de Peña Nieto.
En este contexto, explicaron las fuentes consultadas, también se inscribe la disputa por el control del trasiego de químicos esenciales para la producción de drogas sintéticas que arriban vía marítima y que ingresan a territorio nacional por medio del puerto de Lázaro Cárdenas, donde La Familia Michoacana y posteriormente Los Caballeros Templarios, tenían el control de los embarques provenientes de Asia y con los cuales abastecen los centros de producción de drogas sintéticas.
El CJNG ha extendido sus zonas de influencia a la mayor parte de las entidades del país, debido a que se ha “asociado” con grupos locales a los cuales les exigen parte de sus ganancias por extorsiones, secuestros y narcomenudeo, a cambio de darles apoyo armado y de seguridad en contra de otras organizaciones rivales, señalaron las autoridades consultadas.
