León, Gto., La Fiscalía General del Estado (FGE) debe hacer una investigación a fondo por la muerte de cinco trabajadores en la planta de tratamiento de aguas residuales del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), el 13 de noviembre, así como judicializar el caso por homicidio culposo, exigió Luis Ángel Briseño Rangel, hermano de Víctor Ricardo Briseño Rangel, supervisor del módulo de desbaste, quien falleció durante la fuga de ácido sulfhídrico.
Aseguró que hay responsabilidad penal de los directivos del Sapal, pues las instalaciones no estaban en buenas condiciones, no capacitaron ni dotaron del equipo necesario a los empleados que murieron.
Aunado a esto, el Sapal ofreció a las familias indemnización de entre 32 mil y 164 mil pesos, monto que corresponde a la parte proporcional de aguinaldo, prima vacacional, fondo de ahorro y liquidación, explicó Luis Ángel. Sin embargo, considero que las sumas ofrecidas “son una burla”, pues es el equivalente a los porcentajes entregados a un trabajador que es despedido, precisó.
La noche del 13 de noviembre, Omar Ignacio, Juan Antonio, Alberto de Jesús, Víctor Ricardo y José Salvador, murieron intoxicados con ácido sulfhídrico en el módulo de desbaste de la planta. Las víctimas tenían menos de dos meses en las instalaciones, pues a partir del 22 de septiembre, el Sapal se hizo cargo de su manejo porque ya no renovó la concesión a Ecocys III, empresa que tenía 20 años manejando esa infraestructura.
A 22 días del accidente, ni el director de Sapal, Enrique de Haro Maldonado, ni el presidente del consejo directivo, Jorge Ramírez Hernández, han dado la cara a las familias para explicarles que ocasionó el accidente, recriminó Briseño, quien exigió al alcalde panista de León, Héctor López Santillana, enfrentar el problema.
Dijo que antes del accidente, los operarios del módulo de desbaste habían reportado daños en tuberías, en las cuales había fugas. “Tengo evidencias” de que las instalaciones estaban en malas condiciones, a pesar de que el Sapal aseguró que no encontraron “anomalías en el tanque de almacenamiento, tuberías de distribución y equipo de dosificación”.
El Sapal también difundió “que es común la formación de ácido sulfhídrico en las plantas de tratamiento de aguas residuales” y ante el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que los cinco trabajadores “al transitar por el aire libre perdieron el conocimiento y se produjo su muerte”.