De repente, la autorregulación que ha acompañado a las administraciones de la Plaza México decidió bajarle tres rayas a su voluntarismo de espaldas a la sociedad en general y al público de toros en particular para acogerse a un recurso que tradicionalmente ignora o mal acata: la legalidad, es decir, ordenamientos jurídicos vigentes como la ley de espectáculos y el reglamento taurino.
TauroPlaza México, empresa cuyo contrato de arrendamiento del coso de Insurgentes vence a principios del año próximo y que recientemente obtuvo la autorización de la Tremenda Corte de Justicia para poder confeccionar carteles con mayoría de diestros extranjeros o la totalidad de éstos, atenidos a que el arte del toreo no conoce nacionalidades, excepto en España, ha hecho circular un comunicado en el que informa que ante la crisis generada por el coronavirus, este 2020 no se realizará la renovación del Derecho de Apartado y por ende no se efectuará la temporada grande 2020-21, pues la nefasta plandemia –plan con doble fondo– impidió la realización de ambas temporadas, la chica o de novilladas y la menos chica conocida también como grande, ambas hace años diseñadas de espaldas a las preferencias de la afición y, lo más grave, de espaldas a una gestión verdaderamente profesional del espectáculo.
Preocupado siempre por “la estimada afición” que todavía canjea derechos de apartado, el monopolio taurino que encabeza TauroPlaza México recién informó que “debido a la situación actual del a pandemia Covid-19, la renovación del Derecho de Apartado y la celebración de la próxima Temporada Grande, se podrá(n) realizar cuando las autoridades sanitarias federales, de la Ciudad de México y de la alcaldía Benito Juárez, lo autoricen conforme a los lineamientos para la ejecución del plan gradual hacia la nueva normalidad en la Ciudad de México. Para su tranquilidad, en su momento y con la debida anticipación, se hará de su conocimiento cuándo se pueda (sic) llevar a cabo la renovación del Derecho de Apartado. Sigamos cuidándonos para regresar a La México muy pronto”. ¿Y quiénes cuidarán a estos malos cuidadores de la menguada salud de la fiesta?
El mexhincadismo, esa postración acomplejada ante todo lo que taurinamente provenga de España, sea excelente, bueno, regular, malo o impresentable, es otra pandemia que hace décadas azota a México. Pero no es sólo complejo de inferioridad o debilidad de sometido, sino un entramado de intereses económicos extrataurinos que involucran bastante más que a un toro bravo y un torero capaz de someterlo. Todo monopolio se refuerza con organizaciones y grupos que den apariencia de libertad, democracia y pluralidad de opiniones. Autoridades omisas, comunicadores amigos, defensores oficiosos, peñas taurinas como independientes, etc., unen sus fuerzas para legitimar el comportamiento convenenciero de los dueños del poder, taurino o no, aunque no logren disimular sus verdaderas intenciones.
Luego de que Joaquín Gallo exhibiera las mezquindades del monopolio para su próxima puesta en escena México busca un torero, ahora otro rejoneador mexicano, Emiliano Gamero, alzó la voz para devolver el trofeo Minotauro que la Peña 432 le otorgara en la temporada 2014-15, habida cuenta de que dicha peña pasó por alto que Emiliano logró el indulto de un toro en el pasado serial y prefirió premiar una deficiente actuación de Guillermo Hermoso de Mendoza. “Además de renunciar a ese trofeo renuncio a la mentira y a la discriminación llena de malinchismo de mis compatriotas de la Peña 432”, declaró Gamero.