Durante la ceremonia virtual de inauguración de la Feria Internacional del Libro 2020, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el presidente del comité organizador de la feria, Raúl Padilla, y el rector de la Universidad de Guadalajara, criticaron al Presidente, coincidiendo los tres en sus aseveraciones de que para López Obrador, “la cultura, los libros y la educación superior eran un asunto secundario, al cual el gobierno de México, le viene dando escasa importancia, no obstante en sus discursos afirme lo contrario”.
Aunque algo hay de cierto en tales afirmaciones, pues efectivamente los recursos dedicados a las universidades se han reducido en los dos primeros años de la actual administración, lo que estos distinguidos personajes mostraron con sus palabras es su claro antagonismo hacía el Presidente y su interés en aprovechar cualquier oportunidad para tratar de desprestigiarlo, tanto a él, como a la corriente ideológica que representa, identificándose así con los grupos políticos para los que al parecer, los 30 años anteriores no les parecieron suficientes para saquear a nuestro país y sumir en la miseria a la mayor parte de la población mexicana.
Pero regresemos al fondo de la discusión, referente a la reducción de los presupuestos para la educación superior, los cuales no sólo se han dado en este sector, sino en la educación en general, así como a la mayor parte de las actividades que realiza el gobierno, con excepción de la salud, la seguridad nacional, y el apoyo económico a los sectores de población en situaciones económicas precarias. ¿A qué se deben estas reducciones, las cuales podemos catalogar como realmente enormes?
Para responder a esta pregunta, debemos primero tomar en cuenta las consecuencias de la pandemia del Covid-19, la cual ha implicado necesariamente reducciones importantes en todas las actividades económicas, afectando con ello los ingresos gubernamentales y, por otra parte, necesitamos retroceder 50 años, a los tiempos de los presidentes Luis Echeverría y José Lopez Portillo, cuando la deuda externa del gobierno creció a cerca de 120 millones de dólares para 1976 y a mil 100 millones en 1982, para mantenerse relativamente estable durante el gobierno de Miguel de la Madrid y volver a repuntar en el de Salinas de Gortari, con un incremento impresionante, a 120 mil millones de dólares en 1994. A partir de esos años la deuda ha seguido creciendo hasta superar los 530 mil millones al final del gobierno de Enrique Peña Nieto y, como es natural, a mayor deuda, mayores los intereses que se deben pagar.
Así, para cuando AMLO asumió la Presidencia, el pago de los intereses anuales de la deuda externa era de 23 mil millones de dólares anuales, equivalentes a 550 mil millones de pesos, todo ello como resultado de la irresponsabilidad de los gobiernos encabezados por Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, que lejos de preocuparse por reducirla, se dedicaron a gastar los recursos públicos, pensando, en todos los casos, que el que viene atrás o el pueblo fueran quienes se encargaran de pagar a los bancos acreedores. Por ello, a partir de las cifras mencionadas, podemos afirmar, que si además de pagar los intereses, el actual gobierno redujese la deuda en una cantidad igual o similar al doble de los intereses que se han estado pagando estos años recientes, la deuda al final del sexenio se habría reducido alrededor de 120 mil millones de dólares, y los intereses serían igualmente menores en 25 por ciento.
Independientemente de que un buen número de mexicanos estamos acostumbrados a vivir endeudados y pagando intereses por bienes que en ocasiones son realmente indispensables, la actual pandemia nos ha llevado a pensar que, cuando los intereses sobrepasan los límites de nuestra capacidad de pago, poniendo en riesgo nuestras posibilidades para enfrentar los gastos futuros, incluyendo los relacionados con los desastres naturales, reducir las deudas contraídas constituye una necesidad prioritaria.
Por esto, considero que en las dramáticas condiciones por las que estamos atravesando a escala nacional, la difícil decisión que ha tomado López Obrador, para reducir la deuda adquirida por los gobiernos anteriores, pagando no sólo los intereses, sino también una parte considerable de ella, constituye una decisión histórica, cuyos resultados se habrán de ver no ahora, sino en los próximos años, de manera similar a lo sucedido durante la gestión del presidente Lázaro Cárdenas, quien, a partir de la expropiación petrolera, logró que la economía de nuestro país creciese los 30 años siguientes, cosa que al parecer, los distinguidos organizadores de la FIL, parecen no estar enterados, como seguramente tampoco lo están de los endeudamientos realizados por los pasados cinco gobiernos que la mayor parte del pueblo de México ha tenido que sufrir.
Por otra parte, y seguramente debido a mi mala memoria, no recuerdo haber escuchado que estos funcionarios públicos hubiesen hecho alguna declaración similar cuando los pasados presidentes de la República y sus secretarios de Educación redujeron los presupuestos a las universidades públicas, con el claro objetivo de fomentar la educación privada.