Madrid. Al menos 411 actos violentos cometidos contra líderes políticos, sociales y comunales en Colombia ocurrieron durante los primeros 10 meses de 2020, y en el último trimestre se ha registrado el aumento de este tipo de agresiones, denunció ayer la plataforma civil Misión de Observación Electoral (MOE), cuando en el año se ha asesinado a casi 280 activistas.
En el periodo analizado, detalla el informe de la MOE, estos hechos violentos mantienen la tendencia observada en años anteriores”, concentrándose en especial en los departamentos de Nariño, Cauca, Antioquia, Norte de Santander, La Guajira, Córdoba y Magdalena, todos ellos en la zona oeste del país.
El informe además revela que 62 por ciento de los 137 asesinatos perpetrados hasta octubre se han producido en la zonas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, aquellos lugares más afectados por el conflicto armado y en los cuales el gobierno se comprometió a desarrollar de manera prioritaria los planes de la Reforma Rural Integral, pactada en el acuerdo de paz de 2016.
Barrios explicó que existen diferencias entre los tipos de agresiones según el liderazgo que ejercían las víctimas en sus comunidades y municipios, pues si bien el patrón seguido con los líderes políticos consiste en “disuadir y controlar su labor por medio de las amenazas”, para los líderes sociales, los agresores “buscan silenciar las voces como primera opción”, puesto que en la mayoría de los casos los ataques comienzan con la apropiación del territorio.
Son los líderes sociales quienes más violencia sufren, pues casi 55 por ciento de las agresiones se centran en ellos, de las cuales, 63.5 por ciento resultan letales. En porcentajes similares se mueven las estadísticas relacionadas con las amenazas que acaban en asesinato de líderes indígenas y afrodescendientes, 60 por ciento y 55 por ciento, respectivamente.
En cuanto a los líderes políticos, los 140 casos violentos cometidos contra ellos implicaron en 61 por ciento a funcionarios elegidos en 2019. Los ataques consisten sobre todo en amenazas con el fin de controlar a los gobiernos locales y con ello a sus vecinos.
Si bien los líderes comunales fueron el sector menos agraviado en cuanto al número de denuncias se refiere: 61, lo cierto es que más del 65 por ciento de los ataques han sido asesinatos o atentados, lo que supone además un incremento de 30 por ciento en este tipo de episodios con respecto al mismo periodo de tiempo en 2019.
El Instituto de Investigaciones para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó el miércoles que Miguel Tapí Rito, líder indígena de la comunidad El Brazo, en el río Valle, fue asesinado, lo que elevó a 278 la cifra de dirigentes y defensores de derechos humanos muertos a causa de la violencia en Colombia en lo que va de 2020.
Según fuentes del instituto, varios hombres armados llegaron a la comunidad por el río Valle, se lo llevaron a la fuerza y lo degollaron en un terreno cercano, un modus operandi que se repite cada semana en distintos lugares del país. Con la muerte de Tapí ya son 16 los asesinados en la región este año. Leonardo González Perafán, dirigente de Indepaz, aseguró que “quienes los matan tienen intereses económicos en los territorios y agendas políticas”.
