Buenos Aires. En un ambiente de debates tensos la Cámara de Senadores convirtió ayer el proyecto de ley que dispone el Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas, en patrimonios mayores a 200 millones de pesos (2 millones 500 mil dólares) declarados hasta marzo de este año por personas físicas, como una forma de colaborar a resolver los graves problemas económicos y sociales que han surgido como consecuencia de la pandemia del Covid-19, lo que fue resistido por la oposición de la derechista alianza Cambiemos.

El Congreso Nacional de Argentina aprobó en las últimas horas del viernes una ley que grava por única vez las grandes fortunas de personas en el país para financiar al Estado ante el impacto de la pandemia, luego de que el Senado sancionó el proyecto que ya había sido aprobado por la cámara baja

Serían los contribuyentes en este caso las 12 mil personas más ricas del país con patrimonios declarados superiores a la cifra citada anteriormente, que de acuerdo a los bienes pagarían una tasa de 2 por ciento lo que será escalonado hasta el tope de 3.5 en fortunas que llegan hasta 3 mil millones de pesos.

Se trata de reforzar la recaudación, ante la caída de la actividad económica, y se remarca que esto afecta a las personas físicas con ese patrimonio pero no a las empresas. Veinte por ciento de los fondos recaudados se destinará a la compra de insumos críticos, de equipamientos o para producirlos aquí, también para recuperar el empleo, y costear la remuneración de trabajadores y becas estudiantiles del proyecto Progresar.

Otra sanción de Senadores que fue festejada por las mayorías fue la prohibición de venta de las tierras incendiadas deliberadamente, ya que la catástrofe producida en distintos lugares del país por incendios provocados, para luego vender esas tierras a un precio irrisorio, para construir edificios o sembrar soya, dejó millonarias pérdidas, destrucción de la fauna y la flora y daños en el medio ambiente, que están afectando a distintos lugares del país.

Ambas iniciativas fueron propuestas por el diputado Máximo Kirchner acompañado por legisladores del Frente de Todos.

La justicia en la mira

Representantes de organizaciones políticas, sindicales, sociales y de derechos humanos realizaron ayer un abrazo al Palacio de Tribunales llevando carteles y coreando consignas que condenaban la última decisión de la Corte Suprema, que ratificó la condena del ex vicepresidente Amado Boudou dispuesta por un tribunal de jueces de la llamada “mesa judicial de Macri” a cinco años y 10 meses de prisión.

“Jueces esclavos de Clarín y de Macri: Libertad a Boudou”,“Corte Suprema letrina de la Justicia” se leía en los carteles y en las consignas que demandaban liberar a todos los presos políticos del lawfare (judicialización de la política).

“La condena a Boudou es un caso emblemático del lawfare (…) se lo condenó por “cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública” porque al testigo (arrepentido), Alejandro Vanderbroele, se le pagó un millón y medio de aquella época para que dijera en su testimonio que el ex vicepresidente había participado en las negociaciones por la venta de la empresa Ciccone, que finalmente fue estatizada añade” escribió el analista Luis Bruschtein en Página 12

La compra, supuestamente legal, del único testigo que acusa a Boudou en la causa Ciccone, no es un fenómeno aislado en Argentina porque estas irregularidades han sido una práctica usual del lawfare que impuso Macri en reemplazo de la política.