San Cristóbal De Las Casas, Chis., La Comisión Permanente de los Comuneros de Aldama y de Desplazados de esa localidad aseguró que no pretende “descarrilar el proceso de diálogo para llegar a una solución” a la pugna que la población mantiene con su vecino, el ejido Santa Martha del municipio de Chenalhó.

“Lo único que queremos, como pueblo, es la solución definitiva del conflicto agrario, y que cesen totalmente las agresiones armadas que recibimos a diario en nuestras comunidades; queremos vivir en paz”, agregó el organismo en un comunicado.

La agrupación condenó “el cobarde ataque de los grupos armados de corte paramilitar de Santa Martha”, ocurrido el 18 de noviembre en la comunidad Tabak de Aldama, en el que se hirió de bala a la monja María Isabel Hernández, cuando una brigada integrada por personal del Fideicomiso para la Salud de Niños y Niñas, así como de la diócesis de San Cristóbal, entregaba ayuda humanitaria a desplazados.

Aseguró que desde que se perpetró la masacre en Acteal en 1997 “persiste el paramilitarismo, con el plan de contrainsurgencia hacia los pueblos que alzan su voz para defender sus derechos; estos grupos armados en Chenalhó siguen perpetrando violaciones a derechos de los pueblos originarios”.

Añadió que de 2018 a la fecha se han documentado en Aldama 22 lesionados de bala. Expuso que las agresiones armadas contra sus comunidades “se han convertido en una imparable rutina de terror, violencia generalizada, despojo, desplazamientos y sufrimiento”.

Reprochó que “el gobierno nos ha manipulado y controlado haciendo promesas que ni las cumple (…) nos han despojado de nuestras tierras, que nuestros padres, abuelos y ancestros nos han heredado. ¿Por qué nosotros tenemos que aceptar las propuestas de los tres niveles de gobierno en dividir nuestras tierras? Si somos los despojados, somos los afectados”, remató.

Acotó que el acuerdo firmado el pasado 27 de noviembre por el que Santa Martha “acepta la propuesta para resolver el conflicto con nuestro municipio, ha sido en vano”.