La Cámara de Diputados aprobó la nueva ley general de gestión integral del riesgo de desastres y protección civil, que sustituye a la Ley General de Protección Civil, donde se definen mecanismos de financiamiento y cofinanciamiento –que sustituyen al Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden)–, en caso de un desastre natural, los cuales deberán ser contratados por los gobiernos de los estados.
Asimismo, la Cámara avaló la nueva Ley General de Población, que incluye la creación de un Servicio Nacional de Identificación, a cargo de la Secretaría de Gobernación, así como la Cédula Única de Identidad Nacional como documento de tipo digital que acredite de manera fehaciente el registro e identidad de una persona.
La cédula será el documento oficial de identificación ante todas la autoridades mexicanas, así como para todo tipo de trámite y servicio y contendrá, además del nombre de la persona, su Clave Única del Registro de Población, así como sus datos biométricos.
Mientras, al defender la nueva ley en materia de riesgos, Morena sostuvo que se hará transparente la recepción y uso de donativos privados o de gobiernos extranjeros, mientras la oposición sostuvo que su manejo será opaco, porque esos fondos serán concentrados en la Tesorería y administrados por el gobierno federal.
La legisladora Lorenia Valles (Morena) sostuvo que con la nueva ley se pasa de un enfoque reactivo, basado en la protección, a otro que tiende a la previsión y control permanente de la gestión de riesgo de desastre, a partir de un sistema nacional donde participan el sector público, organizaciones de voluntarios, grupos sociales y privados con los poderes del Estado.
En contraste, Martha Estela Romo (PAN) insistió que al concentrarse los donativos en la Tesorería, y sin que los estados puedan gestionar ese tipo de fondos, se corre el riesgo de un manejo opaco, “y un claro ejemplo es el fideicomiso de Morena con los sismos de 2017, los cuales fueron objeto de pretensiones políticas y se careció de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas”.
Morena insistió que con la ley, enviada al Senado, se garantiza que habrá recursos “en un monto superior” al de 2020, a partir del próximo año para atender cualquier desastre, mientras la oposición insistió que con la desaparición del Fonden se suprimieron las garantías de recursos para emergencias y reconstrucción.
Al respecto, la bancada mayoritaria indicó que la eliminación de los fideicomisos no afecta el gasto público en la materia de gestión integral de riesgo, no obstante, la ley indica que la atención de declaratoria de emergencia y los programas de reconstrucción estarán sujetos a la disponibilidad del presupuesto.
