Buenos Aires., Una resolución de la Corte Suprema, que de manera ilegal fue anticipada el miércoles por los medios del grupo Clarín, La Nación e Infobae, dejó en firme la condena impuesta en la causa Calcofrágica Ciccone al ex vicepresidente Amado Boudou (2011-2015), de cinco años y 10 meses de prisión por presuntas “negociaciones incompatibles con la función pública”, a pesar de que se investiga el pago realizado por el gobierno de Mauricio Macri a Alejando Vanderbroele, quien se acogió al esquema del “arrepentido” para declarar contra el ex funcionario que hoy está en prisión domiciliaria.

En el contexto de una fuerte lucha contra una justicia que durante la administración de la alianza derechista Cambiemos violó todas las normas del derecho, utilizando espionaje, liados con una cantidad de jueces y fiscales y el llamado periodismo de guerra que actuó y sigue actuando contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus funcionarios, el fallo de la Corte Suprema ahonda la crisis.

Boudou fue el funcionario que logró imponer el proyecto de jubilaciones para amas de casa y miles de argentinos que trabajaron años sin que se les aportara para su retiro y luego decidió terminar con la estafa que significaban las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), empresas conformadas por capitales privados o mixtos, por lo que se privatizó el sistema jubilatorio durante el gobierno del ex presidente Carlos Menem (1989-1999).

El sistema jubilatorio volvió a ser estatal, ya que se había constatado –como se está viendo en toda su dimensión en Chile en estos momentos– la gran estafa que significaron las AFJP para millones de trabajadores.

Como advirtió ayer el periodista Arui Lijalad, una de las mayores AFJP estaba en manos del poderoso Grupo Clarín, que fue el que llevó adelante, en primer lugar, la campaña contra Boudou, a quien junto con otros medios de comunicación demonizaron para destruirlo políticamente.

Por medio de esa AFJP, Clarín realizó numerosas operaciones, que contribuyeron a armar lo que ahora es un monopolio informativo. El “caso Boudou” es considerado aquí por una mayoría de analistas el “típico ejemplo del lawfare (la judicialización de la política)”.

Boudou estuvo detenido de manera preventiva desde el 3 de noviembre de 2017, y el 17 de enero de 2018 fue condenado a cinco años y 10 meses de prisión, a pesar de que nunca compró –como se dijo– la calcográfica Ciccone y toda esta causa, viciada por la falta de pruebas concretas y por utilizar a “arrepentidos”.

Por estos días, algunos analistas señalan a la embajada de Estados Unidos, cuyo representante, Edward Prado, llegó con la pública intención de ayudar a la “justicia argentina”, y su cercanía con los jueces de la “mesa judicial” de Macri, fue más que evidente.

Además de otros ex funcionarios, el arrepentido Alejandro Vanderobrole, cuyo testimonio significó la única prueba para vincular a Boudou en la operación, fue condenado, pero sólo a dos años de cárcel, por lo cual nunca será detenido.

El juez Daniel Obligado deberá decidir si Boudou sigue en prisión domiciliaria y si resiste la presión de estos medios que quieren que sea llevado a la cárcel.

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