Para la cúpula empresarial las políticas públicas y las decisiones del gobierno mexicano deben ser cómo y cuándo ella quiera, siempre a modo y en su exclusivo beneficio, porque de otra suerte –según dice– resultarían ser “un atentado a la democracia”, es decir, la suya, la que en sus tiempos definió y practicó Vicente Fox (“de, para y por los empresarios”) y demás ex inquilinos de Los Pinos.
Entre lo más reciente destaca el tema del outsourcing –un mecanismo de expoliación laboral y evasión fiscal aplicado por muchas empresas en el país– al que el presidente López Obrador quiere “poner orden”, para lo cual presentó al Congreso una iniciativa de ley en la materia, en el entendido de que Felipe Calderón “legalizó” esa práctica (un regalo de despedida para la cúpula empresarial) en septiembre de 2012 y muchos consorcios –que ya la utilizaban– se sirvieron con la cuchara más grande que encontraron, en demérito de los trabajadores y de las arcas nacionales.
A pesar de que es su derecho constitucional (presentar iniciativas de ley al Congreso) y que no tenía por qué proceder en el sentido en que lo hizo, el mandatario abrió un espacio temático de diálogo y negociación con la cúpula empresarial, infartada por la decisión de acabar, o por lo menos “poner orden” en el citado mecanismo, el cual, de acuerdo con las estimaciones, arroja una pérdida fiscal cercana a 500 mil millones de pesos anuales, amén de que implica la violación sistemática de los derechos laborales y la elusión de miles de millones en aportaciones al IMSS y el Infonavit.
Pero lo único que a la cúpula le importa es mantener intocado dicho mecanismo, sin importar el daño que cause al erario, a los trabajadores y a las instituciones sociales, porque supone, como en el régimen neoliberal, que el país sólo es un enorme negocio que le pertenece, y en su beneficio todo es válido. Pero se acabó.
Un ejemplo de lo anterior es lo que ayer declaró la cabeza visible del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, sobre la propuesta de López Obrador en materia de outsourcing: “se nos está enfrentando una iniciativa de eliminar de un tajo una práctica que si bien fue mal utilizada por unos, he tratado de decir que para querer quitar una manzana podrida, pues lo que está intentando a veces hacer la autoridad es tumbar los árboles, dices, ¡no jodan! En vez de quitar las manzanas podridas, pues talan el árbol y nos quedamos sin nada”.
Sin duda, una versión más que simplista de un grave problema,y éste no es como superficialmente lo plantea Salazar, porque no se trata de “una manzana podrida”, sino de todo un manzanal, de una práctica creciente y expoliadora, que a buena parte de la clase empresarial le ha permitido incrementar sustancialmente sus utilidades, y lo que México necesita es un empresariado de altura, no chillón y chantajista.
Por ejemplo, el director general del IMSS; Zoé Robledo, ha denunciado que en ese tipo de “manzanas podridas” (Salazar dixit) “los niveles de vida de los dueños son de ostentación; están a unos ritmos de lujo, que ningún jeque árabe puede permitirse. Eso nos duele y agravia a las instituciones, gente que puede pagarse aviones, yates, helicópteros”, pero no sus obligaciones con el instituto.
Por las prácticas del outsourcing, dijo, “sólo en lo que recibimos para fondear los seguros, particularmente los de enfermedad y maternidad, la estimación es que hemos perdido 21 mil millones de pesos, y es un cálculo conservador. Ese monto representa que el Seguro Social pudiera comprar 55 por ciento más medicamentos, adquirir 4 mil 528 mastógrafos, construir 14 hospitales de segundo nivel o 210 unidades de medicina familiar”.
Entonces, ¿será que la cabeza visible del CCE cree que una sola empresa es la que anualmente evade al fisco alrededor de 500 mil millones de pesos, que ella sería ella la única que sistemáticamente viola los derechos laborales y elude miles de millones al IMSS y al Infonavit? ¿Solo “una manzana podrida? ¿En serio? ¡Que no joda!
Las rebanadas del pastel
Ya viene la vacuna, un halo de esperanza en este pandémico cuan triste año.