Avanzan las modificaciones al Poder Judicial Federal
La lista inicia con el cambio de Tribunales Unitarios (un magistrado) a Tribunales Colegiados (tres magistrados) de apelación. Hasta mayo pasado (cjf.gob.mx) había 101 Tribunales Unitarios y 440 Juzgados de Distrito. Con la reforma, se necesitarán 202 nuevos magistrados de apelación. Si se respeta la carrera judicial, como es el sentido de la reforma, necesariamente deberán concursarse las plazas entre los jueces federales existentes para llegar a la cumbre de la carrera judicial (no se incluyen los nombramientos de Consejero de la Judicatura ni de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; estos son ajenos a los exámenes de oposición). Pero ello dejará sin titulares a la mitad de los juzgados existentes. Entonces, el Instituto de la Judicatura debe establecer una estrategia global para la selección de 404 plazas (202 jueces y 202 magistrados).
El reto es mayúsculo, pues no sólo se reflejará en nuevos funcionarios en el cargo, sino en un aumento considerable en el gasto público por el pago de los salarios respectivos; además del nuevo personal de apoyo y las modificaciones a los inmuebles, junto con el mobiliario, etc. El presupuesto judicial, necesariamente, deberá ser aumentado.
A lo cual se añade el tema del monto de los salarios. Legalmente, los sueldos de los titulares judiciales no pueden ser disminuidos. Los nuevos titulares podrán ganar menos que los actuales, si así se estipula en las leyes aplicables, pero los existentes tienes derechos laborales adquiridos; como cualquier trabajador. Si los jueces que ganen el concurso tendrán una disminución en su salario, quizá serán pocos los juzgadores que busquen ese ascenso. Procesalmente, los magistrados tienen mayor responsabilidad: dictan resoluciones terminales; los jueces, no.
Concursar para este avance escalafonario, también incluye el lugar de adscripción. Después de constantes cambios (jueces y magistrados fueron reubicados de Estado) tanto por cuestiones de combate al nepotismo como por jubilaciones o renuncias (algunos prefirieron dejar la judicatura que dejar a su familia) e incluso por motivos de seguridad de los titulares (las amenazas y agresiones a jueces son más comunes de lo que se piensa), mantener la residencia será un factor mayúsculo a considerar para concursar. No hay manera de asegurar una sede laboral. Los mecanismos de adscripción son complejos: se valoran muchos factores, no sólo la existencia de parientes en el mismo circuito. De por sí se afecta a la familia de los trabajadores judiciales con las largas jornadas diarias, necesarias para dar resultados de productividad, como para llevarla por distintas ciudades.
El aumento de titulares federales es un reto que indudablemente será superado, pero es importante concientizar a los destinatarios del servicio de impartición de justicia que todo cambio estructural conlleva una compleja instrumentación; empezando por la dotación de recursos presupuestales al poder judicial federal.
