Las autoridades judiciales en México siguen investigando los casos de desaparición de manera “fragmentada”, es decir, clasificándolos de acuerdo al estado o municipio donde ocurrieron, o encuadrándolos en tipos penales poco precisos, en vez de generar indagatorias integrales en las que se estudien patrones y semejanzas que ayuden a sistematizar el problema.
Así lo afirmaron los participantes en un conversatorio virtual organizado ayer por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes denunciaron que el organismo autónomo ha fallado en darle seguimiento a sus recomendaciones sobre este delito, además de tener un enfoque discriminatorio al elegir los casos de sus observaciones.
Javier Yankelevich, integrante de la Comisión Nacional de Búsqueda, subrayó que una de las principales fallas de las autoridades de investigación en México al abordar casos de desaparición es que existen demasiadas fiscalías y unidades especiales que pueden atraerlos, guiándose con criterios dispares, en vez de definir con claridad cuáles deben ser las oficinas encargadas.
Blanca Martínez, directora del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, consideró que la ineficiencia de las autoridades en las tareas de investigación y búsqueda conllevan a una política de simulación que únicamente “administra el dolor y la muerte de las familias”.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, coincidió en que el Estado ha tenido una respuesta “indolente y negligente” ante el fenómeno de las desapariciones. El reto, dijo, es acabar con el rezago en la identificación de restos en fosas clandestinas.
