El consorcio Braskem Idesa acudirá a tribunales para la defensa de su derecho de recibir gas natural en su planta Etileno XXI, debido a que “afectará a cientos de negocios” que dependen de la cadena de valor, perjudicando a la petroquímica nacional y la economía en su conjunto.
El Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) cortó a partir del último día de noviembre el servicio por vencimiento del contrato de suministro firmado por tres años y acusaciones de corrupción.
El contrato de transporte de gas natural de Braskem Idesa venció a finales de noviembre. Cenagas decidió no renovarlo por la presunta corrupción en su adjudicación.
El acuerdo por 58.771 gigajulios diarios, requerido para las operaciones de energía de su planta, comenzó el primero de julio de 2017 y expiró el 30 de noviembre, según información de Cenagas.
Etileno XXI ha estado en el centro de una indagatoria de corrupción de larga duración vinculada a la brasileña Odebrecht, su empresa matriz. Braskem informó a la comunidad financiera nacional e internacional, a sus clientes, proveedores, empleados y colaboradores que, en cumplimiento de sus responsabilidades fiduciarias y corporativas, tomará las acciones que existan en el marco de la ley para la defensa de su derecho y patrimonio.
Pidió que el estado de derecho y el respeto a la ley guíen esta controversia y permitan rectificar las decisiones tomadas por el Cenagas que comprometen, entre otras cosas, la seguridad de las operaciones.
Confirmó que el 30 de noviembre el Cenagas informó a Braskem Idesa que no renovaría el Contrato de Servicios de Transporte en Base Firme para el abasto de gas natural.
También bloqueó el ingreso del combustible el día siguiente, incumpliendo con el contrato de base intermitente en vigencia y sin tomar en cuenta su solicitud de mantener 48 horas un suministro reducido para hacer el paro de sus operaciones de forma segura para las personas y el medio ambiente.
En un comunicado, el consorcio señaló que las acciones de Cenagas han causado la suspensión total de los procesos de la planta, con las consecuentes y negativas repercusiones no sólo para nosotros, los clientes, proveedores y empleados, sino para los cientos de negocios que dependen de la cadena de valor, afectando la petroquímica nacional y la economía en su conjunto. Consideró que la decisión “viola nuestros derechos, incluyendo múltiples disposiciones jurídicas vigentes”.
Braskem Idesa afirma que su conducta siempre se ha apegado a la legalidad y al marco jurídico de México y que su proceder cotidiano ha sido conforme a las normas y prácticas más exigentes internacionalmente. “Hemos manifestado reiteradamente nuestra disposición a discutir con la autoridad los temas que hoy expresan en relación con la operación de Braskem Idesa y sus contratos con las empresas del Estado mexicano, llevando propuestas de soluciones”.
La empresas brasileña ha ofrecido la construcción de una planta criogénica contigua a Pajaritos, con una inversión de más de 200 millones de dólares, que también beneficiaría a la petroquímica nacional. Incluso, este proyecto está incluido en el Plan Nacional de Infraestructura.
El contrato ha resultado controvertido porque, además de las tarifas por debajo del mercado, Pemex se ha visto obligada a realizar costosas importaciones de etano para satisfacer la demanda en sus propias plantas de etileno y se ha hecho acreedor a sanciones por incumplimiento equivalentes a 15 mil millones de pesos, según el acuerdo por 20 años establecido en 2010 para vender etano a la planta de etileno, a un costo 30 por ciento inferior al del mercado.
