El próximo 10 de diciembre se conmemorará el aniversario 72 de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de Naciones Unidas, fecha conocida coloquialmente como Día Internacional de los Derechos Humanos. Si bien este día podría significar una celebración para una parte de la sociedad mundial, específicamente en México no tenemos grandes motivos para festejar, pero sí mucho por trabajar y hacer conciencia.
No es novedad decir que la nación está sumergida en una profunda crisis de derechos humanos. Las duraderas secuelas de la guerra contra el narco y nuestra debilidad institucional en materia de procuración de justicia, han propiciado que nuestro país tenga un índice de impunidad escandaloso, por decir lo menos. Según el Índice Global de Impunidad, en México, 99.3 por ciento de los crímenes cometidos quedan impunes, lo cual habla de un margen enorme para la comisión de abusos de poder y violaciones a derechos humanos en contraste con unas casi inexistentes procuración de justicia, acompañamiento a víctimas y reparación del daño.
En 2020 se ha mantenido constante la tendencia al alza de la violencia homicida y feminicida, fijando nuevos récords históricos. A un mes de concluir el año, el homicidio doloso se ha incrementado en 3.8 por ciento, los feminicidios, en 8.9 por ciento y la extorsión, 21 por ciento, según la información oficial más reciente. Además, han sido asesinados 19 periodistas, cifra máxima en un año, y se ha crecido en 6 mil 62 la cifra de personas que permanecen desaparecidas.
En este contexto, es inevitable reiterar la urgencia que tiene nuestra sociedad de contar con instituciones que den estabilidad y garanticen el estado de derecho. Del mismo modo, los organismos autónomos, tan criticados por el gobierno, están llamados a un papel fundamental como contrapesos políticos, enfatizando su carácter ciudadano y vigilante de los que depende su autonomía.
Rosario Piedra cumplió hace unos días un año al frente de la CNDH, insti-tución que debería ser pilar en la garan-tía de los derechos humanos, pero que desde su creación ha dejado mucho que desear y desafortunadamente la actual gestión no ha operado cambios sustanciales en el sentido correcto. En el año y un par de semanas que lleva la Ombudsperson al frente, la CNDH ha realizado 63 recomendaciones, 52 por ciento menos que en el mismo periodo del año pasado; ocho recomendaciones por violaciones graves, 50 por ciento menos que un año antes; dos recomendaciones generales, en contraste con las siete realizadas el año previo a su gestión y nueve pronunciamientos, estudios e informes especiales, 82 por ciento menos que el año anterior. El único rubro en el que supera el trabajo previo es en el número de acciones de inconstitucionalidad, con 106, lo cual representa un incremento de 16 por ciento.
Si bien es natural que un cambio de titular pueda suponer un impasse en la labor de una institución, debido a los ajustes y rediseños internos que sea pertinente efectuar, la disminución de la eficacia de la CNDH resulta preocupante, pues el decremento de sus cifras es drástica, al igual que lo es el aumento en denuncias de violaciones a los derechos humanos. Ello se evidencia también con hechos de carácter cualitativo, como la toma de oficinas de la CNDH en septiembre pasado, motivada por una incapacidad de dar soluciones a las víctimas, según expresaron las manifestantes.
También es cierto que el problema no comenzó en la actual gestión, sino que se trata de un mal arrastrado desde años; sin embargo, lo que es una incongruencia es que a pesar de que la 4T ha criticado a los organismos autónomos por haber sido cooptados por los partidos en el poder, no se haya corregido el rumbo en la gestión actual. El nombramiento de la Ombudsperson, significó una esperanza por su perfil y trayectoria; pero se han suscitado hechos ante los cuales hemos echado de menos un posicionamiento claro y firme por parte de la CNDH, como lo son: el papel preponderante de los militares en la vida pública del país; el aumento de la violencia feminicida y la represión a manifestaciones; hechos de ejecución arbitraria atribuidos a la Guardia Nacional; las fosas clandestinas y la incapacidad forense del Estado; la misma pandemia, desde la perspectiva de la falta de acceso al derecho a la salud y la precarización de amplios sectores de la población; la política migratoria y el uso de las fuerzas armadas para repeler migrantes; entre otros muchos.
Toda comisión de derechos humanos debe estar del lado de las víctimas; la autonomía de la comisión se juega en la magistratura de su ejercicio, se construye caminando al lado de las víctimas y en contacto pleno con la realidad; interpelando al gobierno a través de sus recomendaciones y en el seguimiento de éstas. Sin embargo, la gestión actual se enfrenta a una profunda crisis de legitimidad, a un recorte presupuestal y a una ciudadanía cada vez más vigilante.
A unos días de conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos y luego de dos años del gobierno actual, debemos decir que el Estado tiene una enorme deuda de institucionalidad con la ciudadanía. Ante ello, sólo podemos exigir y esperar que, en lo sucesivo, los procesos de justicia, verdad y memoria, así como el acompañamiento a las víctimas, sean puestos en el centro, como prioridades inaplazables ante una realidad tan desgarradora que hace que todo discurso se torne en palabras huecas.
