Autoridades detectaron que en las prisiones federales continúan los actos de corrupción por parte de los funcionarios encargados de custodiar a internos considerados de alta peligrosidad.
De acuerdo con el segundo Informe de gobierno, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social identificó como “conductas irregulares o delictivas recurrentes: otorgar beneficios a las personas privadas de la libertad valiéndose de su cargo (abuso de funciones)”, aceptar cohechos y que los custodios y empleados administrativos presentan “licencias médicas no validadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado”.
En el documento se menciona que el Órgano Interno de Control elaboró un análisis de riesgos en el cual se reconoce que los internos tienen capacidad para “agredir o amenazar a personal de guardia y custodia”, y que se ha detectado la existencia de omisiones por “parte de los superiores jerárquicos en reforzar la seguridad (incumplimiento a leyes); solicitar dinero para realizar algún trámite al que el servidor público tiene derecho, o justificar indebidamente faltas (cohecho), entre otras”.
Para ello, “de septiembre de 2019 a junio de 2020 la Secretaría de Seguridad y Proteción Ciudadana implementó acciones dirigidas a promover una cultura de cero tolerancia y para ello puso en marcha el Programa Ciudadano Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, que incentiva la denuncia y garantiza la confidencialidad del denunciante y se realizó la rotación de 12 directores generales de los penales federales.
Asimismo, se realizaron 603 inspecciones y visitas de supervisión con la finalidad de identificar posibles inobservancias de la Guardia Nacional, y se resolvieron 803 expedientes de investigación.
Se “investigaron irregularidades en la utilización del seguro de gastos médicos del Servicio de Protección Federal relacionadas con la práctica de cirugías.
