Los productores, intermediarios y comerciantes que abusen con los productos de alimentación o de uso cotidiano en tiempos de crisis nacional o internacional, como la actual, serán castigados con penas de cárcel de cinco a 12 años de prisión –sin derecho a fianza– y de 2 mil a 20 mil Umas. La Cámara de Diputados aprobó dictámenes relativos a la impartición de justicia, entre ellos el castigo a familiares (hijos o nietos) que abandonen y maltraten a sus ancianos.
Sobre este tema, se reformó el Código Penal Federal para imponer de un mes a cinco años de prisión a quien abandone a un adulto mayor sin motivo justificado y cuando se tenga obligación de cuidarlo. A esa pena se le agregará privación de los derechos de familia y pago, como reparación del daño, de las cantidades no suministradas oportunamente por el acusado.
El delito de abandono de adulto mayor se perseguirá a petición de la parte agraviada.
Cifras del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia advierten que en México existen más de 13 millones de personas adultas mayores y 16 por ciento sufre rasgos de abandono y maltrato por sus propios familiares.
En el caso de los acaparadores y comerciantes que abusen de la crisis nacional aumentaron las sanciones a quienes oculten o acaparen artículos de consumo necesario como medicamentos, en el contexto de la amenaza, inminencia u ocurrencia de una situación de desastre natural, riesgo sanitario o cualquier otra circunstancia catastrófica que altere de forma grave el orden público.
