Buenos Aires. Una resolución de la Corte Suprema, que ilegalmente fue anticipada el miércoles por los medios del grupo Clarín, La Nación e Infobae, dejó en firme la condena impuesta en la causa Calcofrágica Ciccone al ex vicepresidente Amado Boudou, de cinco años y 10 meses de prisión por presuntas “negociaciones incompatibles con la función pública”, a pesar de que se investiga el pago realizado por el gobierno de Mauricio Macri (20152019), a Alejando Vanderbroele, quien se acogió al esquema del “arrepentido” para testimoniar contra con ex funcionario que hoy está en prisión domiciliaria.

En el marco de una fuerte lucha contra una justicia que durante la administración de la alianza derechista Cambiemos (2015-2019), violó todas las normas del derecho, utilizando espionaje, liados con una cantidad de jueces y fiscales y el llamado periodismo “de guerra” que actuó y sigue actuando contra la ahora vicepresidenta y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus funcionarios, esta actitud de la Corte Suprema ahonda la crisis.

Las denuncias de este mecanismo que sirvió para armar causas falsas, con noticias y supuestas investigaciones de periodistas a los que se añade el espionaje ilegal y las extorsiones con estos fines, comenzaron ni bien se conoció el fallo de la Corte.

Boudou fue el funcionario que logró imponer el proyecto de jubilaciones para amas de casa y para miles de argentinos que trabajaron años sin que se les aportara para la jubilación y luego decidió terminar con la estafa que significaban las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), empresas conformadas por capitales privados o mixtos, por lo que se privatizó el sistema jubilatorio, durante el gobierno del ex presidente Carlos Menem (1989-1999).

El sistema jubilatorio volvió a ser estatal ya que se había constatado -como se está viendo en toda su dimensión en Chile en estos momentos- la gran estafa que significaron las AFJP para millones de trabajadores.

Como advirtió hoy el periodista Arui Lijalad una de las mayores AFJP estaba en manos del poderoso Grupo Clarín, que fue el que llevó adelante en primer lugar la campaña contra Boudou, al que junto con los otros medios de comunicación demonizaron con la intención de destruirlo políticamente.

Por medio de esa AFJP, Clarín realizó numerosas operaciones, que contribuyeron a armar lo que es ahora un monopolio informativo.. El “caso Boudou” es considerado aquí por una mayoría de analistas el “ típico ejemplo del lawfare (la judicialización de la política)”.

Boudou estuvo detenido preventivamente desde el 3 de noviembre de 2017 y el 17 de enero de 2018 fue condenado a cinco años y 10 meses de prisión, a pesar de que nunca compró-como se dijo-la calcográfica Ciccone y toda esta causa, como las que entonces se armaron están viciadas por la falta de pruebas concretas, por utilizar “arrepentidos”, como en el caso de las fotocopias de los cuadernos conque se trató de imputar a la ex presidenta y a una cantidad de ex funcionarios.Uno de los mayores escándalos judiciales en el país.

Por estos días algunos analistas señalan a la embajada de Estados Unidos, cuyo embajador Edward Prado llegó con la pública intención de ayudar a la “justicia argentina”, y su cercanía con los jueces de la “mesa judicial” de Macri, fue más que evidente.

Además de otros ex funcionarios, el arrepentido Alejandro Vanderobrole cuyo testimonio significó la única prueba para vincular a Boudou en la operación, fue condenado pero sólo a 2 años de cárcel, por lo cual nunca será detenido.

El juez Daniel Obligado, deberá decidir si Boudou sigue en prisión domiciliaria y si resiste la presión de estos medios que quieren que sea llevado a la cárcel.

Una documentación que acredita que el arrepentido Vanderbrole había solicitado un millón 500 mil pesos al Programa de Protección de Testigos –que depende del Ministerio de Justicia, y estaba entonces entonces a cargo de Germán Garavano– para un emprendimiento productivo y que había recibido parte del dinero solicitado. Además se le puso un hotel boutique que mantiene hasta ahora en un caro sitio turístico.

En tanto, la Universidad Católica Argentina, dio a conocer que existe 44 por ciento de pobreza, similar a lo sucedido cuando Macri terminó su gestión y cuando se estaba recuperando por los nuevos planes de la actual administración de Alberto Fernández, que ha triplicado la ayuda ante la crisis provocada por la pandemia.