Cuernavaca, Mor., La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano información sobre las violaciones a las garantías individuales denunciadas ante el organismo por 17 ejidos del municipio de Ayala, informó el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
La petición de la CIDH, según los opositores al Proyecto Integral Morelos (PIM), se hizo el 30 de noviembre, y el gobierno tiene siete días para responder sobre los atropellos contra las garantías de libre manifestación, organización y reunión pacifica.
Los representantes de 17 ejidos, de 32 que integran la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco), la cual tiene la concesión del cauce, solicitaron ante la CIDH medidas cautelares para impedir que se consume “el robo del agua del río Cuautla y de la planta tratadora de aguas negras”, las cuales utilizan para regar sus cultivos.
La CIDH requirió al Estado Mexicano datos sobre las medidas que ha aplicado para proteger la vida e integridad de las personas afectadas por el PIM, refiere un comunicado del frente opositor al proyecto.
También pidió que “aporte copia simple de las principales decisiones judiciales emitidas sobre los hechos alegados y cualquier información adicional que considere pertinente a la luz del artículo 25 del reglamento de la CIDH”.
De la misma forma, solicitó a los ejidatarios que se oponen a la termoeléctrica en Huexca más información sobre el número de comunidades que pone en riesgo el proyecto, cuál es el estado de los recursos legales y más datos sobre el desalojo realizado el 23 de noviembre, por el cual solicitaron la intervención de la CIDH.
El abogado de los ejidos denunciantes, Juan Carlos Flores Solís, expuso que de esta forma el organismo internacional atiende la queja de las comunidades, ejidos y personas defensoras de derechos humanos que se oponen al PIM.
En ese contexto, la mañana del miércoles un grupo de personas protestó fuera de la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad en Huexca, que empezaría a funcionar en breve. Asimismo, exigió justicia por el asesinato del activista Samir Flores Soberanes, opositor al PIM.
La protesta, explicó Teresa Castellanos Ruiz, habitante de esa comunidad indígena, también fue para decir al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la CFE, que encabeza Manuel Bartlett, que “estamos en contra de que funcione la termoeléctrica y seguiremos en resistencia”.
