La buena noticia es, como lo informó el presidente López Obrador, que las políticas de austeridad y combate a la corrupción permitieron, en dos años, un ahorro de recursos públicos por un billón 300 mil millones de pesos; la mala, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, que la inversión pública en infraestructura se desplomó, en términos reales, 20 por ciento en octubre pasado. El ahorro, pues, debió invertirse para lograr una mayor recuperación económica y generación de riqueza en beneficio del país.
De acuerdo con los expuesto por el mandatario en su informe del pasado martes, en sus dos años de gobierno el sustancial ahorro obtenido se obtuvo del combate a la corrupción y la política pública de austeridad en renglones como compras y contratos, la reducción del robo de combustibles, la reducción sostenida de la defraudación fiscal “y otras prácticas dañinas que proliferaban en la hacienda pública en el antiguo régimen”.
Al país, a los mexicanos, “nos ha resultado muy útil desechar las recetas económicas aplicadas durante el periodo neoliberal, empezando por la estrategia de endeudar al pueblo para rescatar a los de arriba, como se hizo cuando el Fobaproa. Ahora es diferente, porque no se recurrió a nuevos préstamos, y todos los recursos liberados se destinan de manera directa, sin intermediarios, a la base de la pirámide social, para que de ahí suban a los estratos superiores; es decir, se da preferencia a los pobres y a los integrantes de las clases medias, tras la aplicación de una política económica fincada en la moralidad”.
Eso por el lado del presidente, pero por el de la Secretaría de Hacienda la información por ella divulgada advierte que el volumen de inversión pública en infraestructura cayó en octubre pasado, aunque en el balance de los primeros 10 meses del año el resultado es positivo, aunque no en la proporción que el país requiere, en el entendido de que la mejor “receta” para salir del hoyo es, precisamente, la inversión, por medio de la cual no sólo genera más empleo, sino mayor riqueza.
Es alentador el resultado de las políticas públicas de austeridad y en contra de la corrupción, porque en tan sólo un par de años se obtuvo un ahorro de un billón 300 mil millones de pesos, pero habría que pensar en qué invertirlos para lograr un mayor impacto económico-social, sobre todo ahora que la perspectiva es que cada país deberá rascarse con lo que tenga, porque la captación de inversión extranjera directa (IED) es por demás sombría.
Lo anterior, porque la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ayer adelantó algunos pasajes de su informe 2020 sobre la IED en la región y su estimación resulta crítica, pues pronostica que tal inversión se desplomaría entre 45 y 55 por ciento en el presente año. Se trata de la “nueva geografía económica” derivada de la pandemia, dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la institución.
En materia de IED, tal vez América Latina y el Caribe resultaría ser la región más afectada del planeta, aunque en otras latitudes no cantan mal las rancheras. De acuerdo con el informe de la Cepal, “a nivel mundial los montos de inversión extranjera directa se reducirían 40 por ciento en 2020, y entre 5 y 10 por ciento en 2021, de tal forma que el próximo año ese indicador alcanzaría su menor valor desde 2005”.
Desde 2012, cuando la IED alcanzó el máximo histórico, la caída de los flujos ha sido casi ininterrumpida en América Latina y el Caribe, lo que ha hecho evidente, principalmente en los países de América del Sur, la relación que existe en la región entre los flujos de IED, el ciclo macroeconómico y los ciclos de precios de las materias primas, sostiene el informe. El año pasado, las cinco naciones que recibieron mayores inversiones fueron Brasil (43 por ciento del total), México (18), Colombia (9), Chile (7) y Perú (6).
Entonces, ante tal panorama el ahorro debe utilizarse en proyectos productivos, con miras al futuro.
Las rebanadas del pastel
Otra buena noticia: Alfonso Romo deja la Oficina de la Presidencia, aunque será “enlace” con el sector privado.
