El fondo de la iniciativa de reforma a ley de subcontratación (outsourcing) propuesta por el gobierno es un gran esfuerzo para eliminar con las malas prácticas de algunas empresas; coincidieron especialistas legales y laborales; sin embargo, advirtieron que se debe hacer con fineza, porque se corre el riesgo de aumentar los de por sí altos niveles de informalidad que existen en el país.

En conferencia, Gabriel Aparcio, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), señaló que como gremio están a favor de acabar con la simulación y subregistro, con la evasión, elusión y abuso hacia los trabajadores, así como con las malas prácticas fiscales que impactan al erario público.

Sin embargo, advirtió, que la solución no está en prohibir el outsourcing, sino en definir de forma correcta cómo debe existir la figura, por lo cual, de aprobarse la reforma tal y como ha sido presentada, no se acabarán con las malas prácticas de raíz, además de que se puede dar un incremento en la informalidad laboral y desempleo.

“Desde nuestro punto de vista, la iniciativa presentada por el gobierno tiene un buen propósito; sin embargo, eliminar la figura de subcontratación no es la solución ante este problema, pues lejos de acabar con las malas prácticas, los 4.6 millones de empleados que están subcontratados en el país corren el riesgo de entrar a esquemas de informalidad o perder su empleo”, subrayó.

Por su parte, Héctor Márquez, director de relaciones Institucionales de ManpowerGroup para México Caribe y Centroamérica, resaltó que los objetivos de la reforma que pretende implementar el gobierno busca combatir directamente a las empresas evasoras mediante acciones coordinadas y estratégicas de las autoridades competentes.

Además, dijo, no se está prohibiendo el contratar a través de cooperativas, sindicatos y otros esquemas. “Sólo se está atacando a las empresas de subcontratación”.

Márquez indicó que han identificado qué tipo de empresas son las que más dan de baja a sus trabajadores en diciembre, siendo el principal el de construcción, seguido por servicios sociales y comunales, los cuales no hacen uso de la figura del outsourcing para contratar a sus trabajadores, sino lo hacen mediante otros esquemas.