La Cámara de Diputados inició trámite para discutir una reforma a la Ley General de Víctimas, a fin de definir a niños y adolescentes en orfandad por homicidio de sus padres o feminicidio como víctimas indirectas y otorgarles el derecho a salud, educación, atención sicológica y a los fondos de ayuda federal hasta la mayoría de edad.

En el caso específico de la educación, la garantía cubre los estudios universitarios, con un límite de hasta 24 años de edad, precisa el dictamen que se abordará en la sesión de este miércoles.

La reforma plantea que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y las comisiones estatales deberán otorgar, con cargo a los fondos que correspondan, los recursos de ayuda que requieran los menores de edad. Se prevé que la CEAV o las comisiones estatales requieran a las víctimas, en un plazo de 30 días, los comprobantes del gasto.

De acuerdo con los legisladores, con ello se atendería la situación precaria y el estado sicoemocional de los menores. La iniciativa precisa que se les debe garantizar el derecho a alimentación, vestido, educación, salud y libre desarrollo de la personalidad.

Asimismo, el pleno recibió y turnó a comisiones una propuesta de diputados del PRI, PAN, PRD y MC para que el gobierno federal designe a un “zar de la vacunación” que supervise el diseño y operación del protocolo para aplicar los biológicos contra el Covid-19.

Los legisladores consideran que el responsable de la política de vacunación debería garantizar la distribución universal, gratuita, oportuna y no discriminatoria de las dosis.