Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha afirmado que no habrá restricciones presupuestales para la búsqueda de desaparecidos, en los hechos la política de austeridad interfiere con esa labor, lo cual significa una violación grave a los derechos de las víctimas, afirmaron participantes en un conversatorio virtual organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Ana Lorena Delgadillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, destacó que aunque la Comisión Nacional de Búsqueda indicó que hay cerca de 77 mil víctimas de desaparición en México, hay que tomar dicha cifra “con reservas”, pues todavía hay muchas dudas sobre la forma en que las fiscalías llevan el registro de este fenómeno.

La experta enfatizó que uno de los mayores retos de la CNDH es liderar los trabajos para que las comisiones de búsqueda y las fiscalías unan esfuerzos en las indagatorias a fin de encontrar a los desaparecidos, pues actualmente ambas instancias trabajan de forma descoordinada, lo cual perjudica sobre todo a las familias de las víctimas.

Juan Carlos Gutiérrez, director de la organización civil Idheas-Litigio Estratégico en Derechos Humanos, agregó que de 2 mil 290 cuerpos exhumados de mil 399 fosas documentadas hasta ahora en el país, sólo se ha identificado este año a 870, por lo que la situación en este ámbito es “dramática”.

En la inauguración del conversatorio participó la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, quien señaló que aunque es un paso “histórico” que el gobierno mexicano acepte la competencia del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, aún hay muchas tareas pendientes, como la identificación forense de miles de restos.