La decisión de amparar a militares para que una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no se incorpore a su hoja de servicios, hasta en tanto el asunto no tenga una sentencia judicial en firme, ocasionó reacciones divididas entre los especialistas en Derecho.
Mientras César Gutiérrez Priego, litigante en tribunales militares, sostuvo que los elementos del Ejército buscan proteger su derecho al debido proceso, académicos y activistas advirtieron que se puede sentar un precedente “muy negativo” que ponga en entredicho la obligación de los organismos gubernamentales de cumplir con las recomendaciones CNDH.
Los amparos de dos jueces federales fueron concedidos a militares presuntamente involucrados en un caso de ejecución extrajudicial ocurrido en 2016 en Tamaulipas.
Para Gutiérrez Priego, los militares que se ven involucrados en una investigación de este tipo quedan prácticamente en la indefensión, pues el intercambio de información entre la CNDH y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se hace mediante la Dirección General de Derechos Humanos del Ejército, y la práctica general es que no pueden aportar de forma personal y directa su versión de los hechos.
Con esto, afirmó, se viola el debido proceso y “la CNDH en sus investigaciones, a lo mejor sin darse cuenta, termina violando derechos humanos”.
Por su parte, José Antonio Guevara, ex presidente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, apuntó que en este caso no era viable concederle un amparo a personas en lo individual, cuando las observaciones de la CNDH están dirigidas contra instituciones.
“Mi lectura es que se trata de una estrategia de la Secretaría de la Defensa Nacional para poner en duda el actuar de la CNDH”, advirtió el también académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala,
De igual forma, el abogado Sergio Méndez Silva, de la asociación Justicia Pro Persona, sostuvo que es “completamente incorrecta la decisión del juez de distrito de otorgar esa suspensión provisional”, ya que las recomendaciones de la CNDH y las causas penales alrededor de un mismo caso son vías paralelas y no excluyentes.
Al insistir en que los procesos pueden dejar sin opciones de defensa a los militares, Gutiérrez Priego afirmó que litiga ante tribunales militares 12 causas penales con 53 elementos del Ejército involucrados, donde se manifiestan situaciones parecidas.
Mientras que la activista Eliana García Laguna, integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra, consideró que dichos amparos son un gesto muy preocupante en un país de por sí “colmado de impunidad”.
