La nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación debe considerar un ejercicio científico libre, apegado a la Constitución, de evaluación rigurosa por pares y con presupuesto sostenido, consideran expertos reunidos para analizar la situación en torno a las posibles modificaciones a la legislación en la materia.

En conferencia de prensa virtual, William Lee Alardín, coordinador de la Investigación Científica, aseguró que la Universidad Nacional Autónoma de México ha presentado propuestas en distintos foros a fin de enriquecer la iniciativa, y consideró fundamental convocar a la comunidad científica para sugerir proyectos.

Para aprovechar la inversión realizada en los últimos 20 años en el sector, planteó contar con programas de mantenimiento, con presupuesto básico asignado en escala de diez años; de renovación de equipos de primera necesidad y aprovechamiento común con presupuesto revisable periódicamente; y otro más de desarrollo de nueva infraestructura por convocatoria y evaluación de pares, acorde a problemas de investigación de frontera.

Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades, señaló que la solución de los problemas nacionales demanda enfoques multidisciplinarios e innovación, requieren conocimiento científico y tecnológico. “No los podremos atender si no articulamos a los actores del sistema nacional de CTI en torno a problemas específicos y si no adoptamos un enfoque transversal de la política en la materia”.

El abogado general de la UNAM, Alfredo Sánchez Castañeda, definió los elementos indispensables a considerar en la elaboración de la Ley General de Ciencia: que se sujete a los marcos constitucional mexicano y legal internacional, además de que convocó a que el proceso legislativo se realice de acuerdo con las mejores prácticas parlamentarias.