Zacatecas, Zac. Habitantes de la comunidad San Juan de Carboneras, municipio de Ojocaliente, demandaron este martes la intervención del gobierno federal para obligar al empresario Carlos Slim Helú a que pague la reparación de las cuarteaduras ocasionadas a sus viviendas por las detonaciones en su mina de oro a cielo abierto El Coronel.

Desde hace tres meses decenas de campesinos y sus familias bloquean el acceso principal al yacimiento, ubicado 70 kilómetros al sureste de la capital del estado, pero prácticamente nadie sabía de la protesta porque Ojocaliente –junto con los municipios de Loreto y Pinos– se encuentra en una región donde ningún medio de comunicación hace coberturas desde hace años por la presencia de un grupo de la delincuencia organizada que ha impuesto silencio en la región.

El Coronel, filial de la concesión minera Real de Ángeles, operada por Grupo Frisco, de Slim Helú, ha funcionado durante 14 años prácticamente sin más problemas que la inconformidad de algunas comunidades aledañas al filón.

En entrevista, habitantes denunciaron que desde 2006, cuando comenzó operaciones, “la mina no nos ha dejado ningún beneficio”; al contrario, “poco a poco” fue despidiendo a todos los empleados oriundos de este lugar y prácticamente ha desaparecido la presa El Águila, que los lugareños usaban para actividades recreativas y para bañarse.

El petista Daniel López Martínez, presidente municipal de Ojocaliente (2018-2021), afirmó que la mina “ha saqueado a nuestra gente”.

Cada uno de los afectados pide una indemnización de 100 mil pesos para arreglar sus casas. “Son 130 viviendas dañadas; les sale en total en 13 millones de pesos”.

Protección civil municipal y el departamento de obras públicas han verificado los daños provocados por las explosiones en la mina a cielo abierto.

El edil reiteró que la minera no ha respaldado a los habitantes de la región, y en San Juan de Carboneras El Coronel les ha dado apoyos “irrisorios: una vez les dieron 4 mil pesos para sus fiestas patronales y otro año les entregaron 16 mil.

“Sabemos que el dueño mayoritario es Carlos Slim, y quitarle un peso es muy difícil. Ellos dicen que no tienen dinero. ¿Cómo puede ser posible que digan eso?”

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, citó para este miércoles en la Ciudad de México al edil y a directivos de Grupo Frisco para tratar de lograr un acuerdo y reabrir la mina.

El pasado 26 de noviembre una nota en un periódico local causó alarma en la capital de Zacatecas: directivos de la minera acusaron a los habitantes de San Juan Carboneras (que tenían ya casi tres meses en protesta) de ser responsables de un “posible desastre ecológico”, pues las presas de jales, que contienen una solución con cianuro de sodio, no habían recibido mantenimiento durante este tiempo.

El alcalde reveló que, a raíz de esa acusación de Grupo Frisco, el 28 de noviembre los habitantes que bloquean la mina y las autoridades municipales “llegamos a un acuerdo con gente de la minera para que peritos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales” entraran a verificar los supuestos riesgos. Sin embargo, “cuando iban a ingresar, la minera les cerró el paso y dijo que siempre no”.