En lo que va de 2020, las autoridades del país han gastado cerca de 10 mil millones de pesos para enfrentar la pandemia de Covid-19, a través de la firma de más de 6 mil contratos, pero 56 por ciento de ellos han sido otorgados mediante adjudicaciones directas, un método que puede llevar a la opacidad e incluso a actos de corrupción.
Así lo afirmaron los participantes en un foro organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), quienes llamaron a poner en marcha esquemas de rendición de cuentas en este ámbito, pues además de evitar malos manejos, propician ahorros considerables para los gobiernos.
Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva de la organización civil Poder, indicó que de enero al 17 de noviembre el gobierno mexicano ha erogado un total de 9 mil 644 millones de pesos para hacer frente a la emergencia sanitaria por el coronavirus, a través de la firma de 6 mil 750 contratos con mil 760 proveedores.
En sus estudios sobre el tema, indicó la especialista, se documentó que 3 mil 751 de los mencionados contratos (56 por ciento) fueron dados mediante adjudicación directa, y aunque es comprensible que dicho método sea utilizado en situaciones de emergencia por ser más ágil, también es la forma que implica mayores riesgos de malos manejos.
Para evitarlo, dijo, es fundamental que los organismos públicos transparenten los contratos firmados para saber si están adquiriendo los insumos realmente necesarios y las compras se están realizando con las empresas mejor capacitadas y en los términos más justos.
Por su parte, Óscar Hernández, gerente para América Latina de Open Contracting Partnership, señaló que cada elemento que brinde mayor transparencia en estos procesos disminuye el riesgo de actos de corrupción, genera mayor competencia entre empresas oferentes y produce ahorros sensibles.
Por lo anterior, recomendó seguir estrategias concretas que se han puesto en marcha con éxito en países como Colombia y Ucrania, entre ellas crear plataformas digitalizadas con datos abiertos sobre las contrataciones públicas, desarrollar metodologías de alertas sobre posibles irregularidades y promover el monitoreo cívico y periodístico.
