La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) planteó a la Cámara de Diputados aprobar las iniciativas presentadas para integrar un registro nacional de propietarios de números telefónicos, como medida que permita contar con información para combatir la extorsión.
Incluso Sóstenes Díaz, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), propuso que se recaben los datos biométricos de las personas, pero con estricto acceso al registro, para salvaguardar los datos de los usuarios.
No obstante, en un foro convocado por la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, representantes de las empresas telefónicas plantearon buscar otro mecanismo, con el argumento de que quien comete ese delito no utilizará un teléfono a su nombre.
En el encuentro, de carácter virtual, para revisar las iniciativas que están a revisión en la Cámara, Ignacio Hernández, titular de la Unidad política, policial, penitenciaria y seguridad privada de la SSPC, propuso que el registro sea levantado en las tiendas de conveniencia, donde se recaben los datos del usuario, las empresas lo ingresen y lo suban a un registro nacional.
Tal información, dijo, no estaría en poder de la secretaría, sino de las telefónicas, como “agentes que recaben los datos personales”, y que el registro nacional estaría bajo control del IFT. La dependencia solicitaría información sólo cuando se trate de una indagatoria para determinar quién es el propietario del teléfono y de la tarjeta SIM o Subscriber Identity Module.
Consideró preocupante que en un secuestro o llamada de extorsión se utilicen cinco o seis números distintos y no exista el registro de quién es el propietario.
También, David Pérez Esparza, titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública, expuso que el delito de extorsión ha crecido de manera relevante y que, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019, con datos de 2018, se ubica en el delito más frecuente en 14 estados.
“Básicamente en la mitad del país la extorsión es el delito más importante, más allá que otros históricamente importantes, como robo en la calle y fraude. En el centro del país hay una epidemia importante en materia de extorsión”, expuso.
Indicó que de los 33 millones de delitos anuales, el de extorsión es el segundo más común, con más de 6 millones de casos el año pasado, y existe un incremento en el costo social por 12 mil millones de pesos que, citó, se canalizaron al crimen organizado producto de ese delito.
