Juzgados federales en materia administrativa en la Ciudad de México concedieron suspensiones al general brigadier Héctor Mosqueda Velázquez, jefe de la sección novena del Estado Mayor de la Sedena, así como al cabo Genaro Jiménez Mora, que impugnan la recomendación 37/2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por el uso excesivo de la fuerza cometido por elementos militares que ocasionó la muerte de nueve personas en Nuevo Laredo en septiembre de 2016.
La pretensión de los militares es que no se ejecute el punto cuarto de la recomendación y, por consiguiente, que dicho instrumento no se incorpore al expediente personal de los quejosos, ni a la base de datos de la Sedena, mientras se resuelven de fondo los amparos.
Ante las decisiones judiciales, Raymundo Ramos, director del Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, consideró que las fuerzas armadas buscan influir en el Poder Judicial para que sus abusos queden en la impunidad y poner en tela de juicio la necesidad de acatar la recomendación.
En el asunto de Mosqueda Velázquez, el juzgado decimosexto de distrito en materia administrativa le otorgó la suspensión definitiva luego de argumentar que en el supuesto de razonar en sentido contrario, esto es, que se niegue la medida cautelar y los actos reclamados se ejecuten, “la violación que pudiera implicar sería de difícil reparación, al resultar compleja la restitución en el goce de los derechos violados en caso de que obtenga una sentencia favorable”. Asimismo, al cabo Jiménez Mora le fue otorgada una suspensión provisional.
Los jueces añadieron que los efectos de la medida cautelar son “paralizar” los actos de autoridad que causen perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, ya que sus efectos son positivos y precisaron que tampoco suspende cualquier otro acto diverso que no sea materia de la demanda de amparo.
A mediados de septiembre, la CNDH dirigió la recomendación 37/2020 a la Sedena y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, en la cual llamó al Ejército a colaborar en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que la comisión formule ante la Fiscalía General de la República para que abra las carpetas de investigación contra los agentes militares que intervinieron en los hechos.
El activista subrayó que la CNDH acreditó la ejecución extrajudicial de nueve personas a manos de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, ocurrida el 3 de septiembre de 2016, tras la cual los uniformados alteraron la escena de los hechos, “sembraron” evidencias y presentaron informes falsos. “Me parece que quieren intimidar el trabajo de defensa de derechos humanos y hacer una demostración de poder frente a la CNDH”, sentenció.
