Cuauhtémoc Blanco, el mediocampista mexicano que más goles ha concretado en competencias oficiales, anotó un autogol. El pasado 24 de septiembre, ya como gobernador de Morelos, declaró que el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, “sabe quién” asesinó al activista Samir Flores Soberanes, pero no quiere revelarlo, porque tiene “miedo”.
Samir Flores, el comunicador nahua que conducía el programa Amanecer ranchero en la radio comunitaria Amiltzinko, opositor del Proyecto Integral Morelos (PIM), fue arteramente asesinado afuera de su casa, en Amilcingo, Morelos, el 20 de febrero de 2019. Apenas el día anterior había participado en un encuentro organizado por el delegado del gobierno federal en Morelos, Hugo Erik Flores, abogado de los paramilitares responsables del asesinato de 45 inocentes en Acteal, Chiapas. El herrero cuestionó allí “las mentiras que están diciendo acerca de la termoeléctrica en Huexca y el PIM”.
Pero, en esa ocasión, Carmona hizo mutis. Eso, a pesar de que el 25 de septiembre de 2019, declaró ante el Congreso de Morelos que estaban identificados los asesinos del ambientalista y que a la brevedad serían aprehendidos.
A raíz de sus declaraciones, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDT) preguntó a Cuauhtémoc Blanco en un comunicado: “¿Usted sabe quién mató a Samir, señor gobernador? ¿Por qué dice que el fiscal tiene miedo? ¿A quién, a quiénes o a qué le tiene miedo? ¿Estaría usted dispuesto a declarar lo que sabe sobre el asesinato de Samir, señor gobernador?”. Su respuesta, como la del fiscal, fue un sonoro silencio.
Agravio sobre agravio, el homicidio no esclarecido del indígena nahua adquirió aún más relevancia la madrugada del 23 de noviembre, cuando 300 elementos de la Guardia Nacional desalojaron dos campamentos que los ejidatarios instalados desde 2016, en las orillas del río Cuautla, en San Pedro Apatlaco, para impedir el desvío del agua del cauce a la termoeléctrica en Huexca.
Antes del amanecer, un campesino que hacía guardia en el plantón, mostró a los uniformados un amparo. Ellos respondieron que no querían verlo. La CFE y la secretaria de Gobernación han declarado, falsamente, que no hay impedimento legal para reanudar las obras. Pero los ejidatarios cuentan con 19 amparos vigentes y suspensiones de plano contra el PIM: nueve por el agua del río Cuautla y contra el acueducto. Tres más contra el acueducto, entre los que se encuentran los dos de los pueblos nahuas de Amilcingo y Atlixco. Y otro contra la termoeléctrica, interpuesto por Huexca desde 2014 (https://bit.ly/2Vd7L8L). Pero eso al gobierno federal le tiene sin cuidado.
El agua del río Cuautla la usan los campesinos para sus siembras. Con ella riegan granos, frutas y hortalizas con las que dan de comer a sus familias. En ella les va su vida, su patrimonio y la sobrevivencia de sus pueblos. Según Jorge Zapata González, nieto de Emiliano Zapata: “Tenemos por concesiones, por decreto presidencial desde 1926 dotaciones todos los ejidos y se especifica claramente que toda el agua del río Cuautla y sus afluentes, incluyendo la planta tratadora pertenecen a los ejidatarios, es una sola agua, así que cómo la van a dividir ellos”.
No siempre existió este choque entre obradorismo y pueblos morelenes. En mayo de 2014, en Yecapixtla, Morelos, Andrés Manuel López Obrador se opuso a la termoeléctrica. En un mitin, señaló: “No queremos la construcción del gasoducto o de la termoeléctrica o de las minas, ya que van a destruir el territorio y contaminar las aguas”. Añadió: “Imagínense que quieren construir una termoeléctrica, en Anenecuilco, la tierra donde nació el mejor dirigente social que ha habido en la historia de México, Emiliano Zapata. Es como si fueran a Jerusalén y construyeran un basurero tóxico o una planta nuclear”.
El gobierno justifica la entrada en operación de la termoeléctrica para no perder los 25 mil millones de pesos que se han invertido en la obra. “La planta –dijo el Presidente– es de la CFE, de una empresa pública, de una empresa de la nación […] Si no funciona la planta se pierde esa inversión, que es presupuesto público, dinero del pueblo”. “Avaló” la realización de la obra con una consulta patito, aprobada sólo por 24 mil 783 personas, en su mayoría habitantes de municipios ajenos al proyecto. En 2018, AMLO obtuvo en Morelos 613 mil 906 votos, 96.12 por ciento más que en la “consulta”.
Sin embargo, más allá de pesos y centavos, el PIM es un proyecto sumamente riesgoso. El gasoducto que alimenta la termoeléctrica está instalado en una zona considerada de alto riesgo por la sismicidad causada por el volcán Popocatépetl. La terminal de ciclo combinado que la integra, instalada a unos cuantos metros de la población, está mal planeada y emite un ruido infernal. Por si fuera poco, se planea construir allí mismo otra terminal. Y, aunque se dice que usará aguas residuales, probablemente deberá tomar el líquido del cauce del río Cuautla.
En Morelos, el agua, como la tierra, es de quien la trabaja. A sus pueblos, su defensa les viene como herencia. Y han sido fieles a ella. Así los hicieron zapatistas, jaramillistas, Vinh Flores (tío de Samir, asesinado como él por defender a su pueblo) y Samir Flores. Como hace 100 años, en la actual guerra por el agua, los herederos de Zapata y Jaramillo se disponen a hacer valer su legado.
