La consejera electoral Adriana Favela reprochó que a pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos electorales locales (Oples) han emitido medidas para la protección de las mujeres contra la violencia política en razón de género, en ocasiones se han revertido en los tribunales.

Durante un conversatorio organizado por el órgano comicial, la consejera instó a generar redes de apoyo, ya que, además, una vez que hay medidas dictadas y ratificadas por tribunales después no se ejecutan.

Por su parte, especialistas y representantes de distintas instancias estatales señalaron que en las entidades hay desconocimiento de las autoridades en la materia, y resaltaron que se han generado protocolos al respecto, pero el reto es aplicarlos

Favela llamó a las mujeres a denunciar, aunque reconoció que es “conflictivo” cuando las autoridades no actúan, por lo que también se debe exhortar a los Oples o al propio INE a atender los casos.

“Muchas veces se conceden las medidas cautelares por parte de los Oples, del INE, pero cuando ya se va al fondo del asunto, a veces en los Tribunales Electorales Locales, sobre todo, no se actúa con la diligencia suficiente como para poder frenar esos casos de violencia, y se los digo, porque hemos tenido casos recientes en Durango, en Puebla, donde los Oples actuaron adecuadamente, pero cuando llegan los asuntos a los tribunales locales, entonces, se revocan esas decisiones”, indicó la consejera electoral.

Se pronunció por emitir medidas que sean “exageradas”, en lugar de “no hacer nada”. Además, indicó que se requiere buscar a “hombre aliados”, porque “no es sólo una lucha de las mujeres”, sino de la sociedad en su conjunto.

Algunos MP no reconocen el delito

Por su parte, Marina Tukarima Carrillo Díaz, síndica del municipio del Nayar, Nayarit, apuntó que tras el aumento de la participación de las mujeres indígenas en el ámbito político, se ha encontrado con ministerios públicos que desconocen que hay delitos en materia de violencia política en razón de género.

“Es un reto bastante amplio para nosotras las mujeres indígenas, es pasar mil adversidades para abatir este problema y llegar a esa conciencia en cuanto que, primeramente, las autoridades tienen poco conociendo de este tema”, agregó.

Ante ello, el reto “es desarrollar una línea jurisprudencial congruente, dar certeza y que sepamos todas y todos a dónde vamos”, expuso la ex magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, quien advirtió que no deben existir interpretaciones distintas en este tema.