El 3 de septiembre de 2016, el Grupo de Coordinación Tamaulipas informó que “elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional abatieron a 10 integrantes de un grupo delincuencial que opera en el municipio de Nuevo Laredo, luego de haber sido agredidos en dos ocasiones en diferentes puntos”. Además, “una mujer que se desplazaba a bordo de su camioneta recibió el impacto de una bala perdida que la privó de la vida cuando recibía atención médica en un hospital de esa ciudad fronteriza”.

Como en otros casos, el índice de letalidad militar (muertos todos los presuntos atacantes, con ínfimas o nulas bajas de soldados o marinos) hacía vislumbrar una ejecución extraoficial. Cuatro años después, el 2 de septiembre de 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presidida por Rosario Piedra Ibarra, emitió la recomendación 37/2020 (https://bit.ly/33tSB3w) “sobre el caso de uso excesivo de la fuerza que derivó en violación al derecho a la vida, cometida por elementos militares, e indebida procuración de justicia, efectuada por peritos de la Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas”.

La recomendación fue enviada específicamente al general Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, y a Irving Barrios Mojica, titular de la fiscalía tamaulipeca, como responsables de las instituciones señaladas en el expediente.

Las investigaciones de la CNDH mostraron que el convoy militar, que realizaba revisiones a automotores de particulares en el kilómetro 13 de la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, nunca intentó utilizar la fuerza con gradualismo o controlar adecuadamente el flujo vehicular, sino “neutralizar” a los tripulantes de una unidad conducida por civiles. Los disparos, por ello, “se dirigieron principalmente a las zonas craneales y torácicas de las víctimas”.

Al respecto, ayer dos militares dieron un paso que puede abrir el camino para que esas recomendaciones de la CNDH (que no tienen carácter vinculatorio; es decir, que no son de cumplimiento forzoso) sean anuladas en la práctica. Un general brigadier y un cabo solicitaron y obtuvieron suspensiones cautelares para no cumplir con parte de las recomendaciones de la comisión a cargo de Piedra Ibarra. El brigadier Héctor Mosqueda Velázquez es el jefe de la sección novena del Estado Mayor de la Sedena, que se encarga de Investigaciones de Mercado y Compras Gubernamentales, así que no ha de suponerse que su actuar provenga de un acto no conocido o autorizado por sus superiores. El otro solicitante de amparo es el cabo Genaro Jiménez Mora.

Falta que los jueces vayan al fondo del asunto y decidan si el amparo es definitivo o sólo será provisional, pero el punto de litigio ilustra de manera clara el empoderamiento creciente de los militares y la determinación de sus mandos de mantener a sus subordinados al margen de acciones civiles en busca de justicia.

Cierto es que, como ha dicho el Presidente de México, la pandemia, la crisis económica y los opositores a su gobierno han sido la parte más obstructora del proyecto conocido como Cuarta Transformación (4T), pero hoy, cuando rendirá su segundo informe de gobierno, recorrido un tercio de su periodo constitucional, convendría repasar y analizar no solamente los aspectos problemáticos sabidos y constantemente señalados (pandemia, economía y opositores), sino también la creciente participación de los militares en la vida pública, la sustitución de tareas propias de civiles y, como en el caso del general Salvador Cienfuegos, los riesgos de la impunidad o la elusión de la justicia por parte del estamento militar.

Y, mientras la Organización Mundial de la Salud encomendaba a México tomar con seriedad el tema de la pandemia, a lo que el subsecretario Hugo López-Gatell respondió que no fue un señalamiento directo sino genérico, como lo ha hecho a otros países, esta vez a pregunta de una corresponsal de un medio mexicano, ¡hasta mañana!