En varias ocasiones detalle aquí las irregularidades en la construcción del edificio “corporativo” de 10 pisos en un predio parte de la presa Anzaldo, catalogada de valor ambiental. A esa obra sobre Periférico Sur se opusieron los vecinos con argumentos irrefutables. Entre ellos, ser un peligro al invadir parte de dicha presa. Pero un muro de impunidad impidió que, en el sexenio del hoy senador Miguel Mancera, prosperaran las denuncias. A cada reclamo, oídos sordos de los funcionarios de la delegación Álvaro Obregón y los del gobierno central. La nueva administración citadina, vía el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), suspendió las obras. Además, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, calificó el proyecto empresarial como uno de los símbolos de la corrupción del sexenio anterior.
Cada vez se sabe más sobre cómo impuso su ley la especulación inmobiliaria en la ciudad; obras que no cumplían con las normas establecidas y, sin embargo, gozaron del visto bueno de las dependencias encargadas de regularlas. Igualmente la privatización de espacios públicos y edificaciones más allá de lo permitido, afectando severamente el entorno de muchas colonias. Abundan las torres plagadas de irregularidades y destinadas a familias con ingresos altos y/o oficinas, en zonas como las Flores-Tlacopac, del Valle-Narvarte, Roma-Hipódromo-Condesa; áreas de las alcaldías Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Coyoacán y Venustiano Carranza. Abundan los problemas de tránsito, seguridad y servicios básicos, como el de agua.
Otra torre irregular que denuncié varias veces, en Baja California 370, los dueños tendrán que tirar los 23 metros de altura que construyeron de más. Cabe agregar que sigue impune el asesinato de la señora Cristina Vázquez, quien encabezaba a los vecinos de la colonia Condesa inconformes con la torre.
Más obras irregulares: las fincadas en los llamados polígonos de actuación. Aquí referí la que los vecinos de la colonia Tlacopac llaman Morales Broc, con 34 pisos. Estaban permitidos 15. Su “salida de emergencia” es una estrecha privada sobre calle Las Flores. Los constructores hicieron una entrada al Periférico que rompe con las normas de vialidad. Al lado de la Morales Broc se levanta otro “desarrollo” con dos torres, de 15 y 34 niveles cada una.
A la par, zonas de reserva fundamentales por captar agua de lluvia y contaminantes, barrancas y áreas calificadas de alto riesgo, padecieron la invasión hormiga de familias pobres para levantar sus precarias viviendas. A cambio de votos se permitían esas invasiones. Luego la autoridad las regularizaba.
En el proceso de construir donde no se debe y/o más de lo permitido legalmente, han jugado un papel clave servidores públicos que autorizaban obras, usos de suelo y estudios de impacto ambiental al mejor postor. También la instancia jurídica de la ciudad dejaba que las demandas que presentaba contra los infractores, se perdieran en los juzgados que debían resolverlas. Agreguemos los amparos concedidos a constructores por jueces venales dándoles vía libre para concluir sus edificaciones. Así, quedaban maniatadas la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, la de Desarrollo Urbano y Vivienda y la del Medio Ambiente, por ejemplo.
Otro enorme proyecto inmobiliario rechazado por los vecinos es la torre Mitikah, que será la más alta de la ciudad. Ocupa una cuarta parte del tradicional barrio de Xoco, alcaldía Benito Juárez. La construcción, a cargo de la poderosa empresa Fibra Uno, incluye 8 mil 500 espacios entre hotel, hospital, centro comercial, departamentos y oficinas. Allí un penthouse se ofrece en 30 millones de pesos. En Xoco hay otras torres, como las cinco de City Tower, con 750 departamentos; o la Agatha y Atmósfera. Un ejemplo de la saturación extrema de lo que fue un tranquilo pueblo de obreros, comerciantes y empleados.
Las autoridades citadinas señalan que la clausura de la obra en Alzaldo y obligar a derribar los pisos sobrantes en la torre de Baja California 370 son aviso del fin de la impunidad y el abuso de que hizo gala el pulpo inmobiliario; y que se sancionará a quienes incumplan la ley. También debía ser un aviso para los integrantes del Poder Judicial que amparan obras ilegales. ¿Cuándo se procederá contra ellos?
