Debido a la falta de una ley general en materia de seguridad privada, en México siguen existiendo algunas agrupaciones que portan armas y realizan diversas funciones sin estar verdaderamente reguladas, lo cual da una “imagen negativa” de dicho sector y genera condiciones de desorden.

Así lo advirtió el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), Raúl Sapién, quien señaló que una norma en la materia permitiría frenar el surgimiento de empresas patito que no están capacitadas ni respetan los derechos laborales de sus empleados, además de homologar todas las leyes estatales que hoy son diversas y hasta “asimétricas”.

En entrevista con La Jornada, el experto recordó que la ley vigente en este sector únicamente es de carácter federal y data de 2006, por lo que se trata de un “marco jurídico desfasado”.

Por lo anterior, consideró imprescindible reconocer la facultad del Congreso de legislar en la materia y poner orden en un sector donde existen unas 6 mil empresas en todo el país –con más de 500 mil elementos–, pero de las cuales entre 2 mil 500 y 2 mil 900 trabajan fuera de toda regulación, no pagan impuestos ni dan prestaciones de ley a sus empleados.

Uno de los principales problemas en el sector (que ha crecido considerablemente en los últimos 15 años debido a la inseguridad) es que actualmente existen 32 leyes estatales y una federal, las cuales son “asimétricas” porque incluyen lineamientos diferentes entre sí; eso obliga a las empresas a cumplir con varias de ellas, en función de los sitios donde tenga que operar.

“Desde 2008, los estados deberían haber homologado sus legislaciones para que estuvieran en concordancia con la Ley Federal de Seguridad Privada, pero el plazo de 180 días que tenían está más que vencido, porque llevamos 12 años y ninguna entidad ha firmado ese convenio”, lamentó Sapién.

“El principal interés del CNSP es que se terminen las empresas patito, porque generan competencia desleal. Debe haber una legislación de carácter general, con la cual tengan que estar en concordancia las leyes estatales. Que no haya criterios asimétricos, porque muchas normas locales son imposibles de cumplir y eso se traduce en corrupción”, enfatizó.

La creación de una norma general evitará que empresas informales porten armas y realicen funciones no reguladas en todo el país, además de dejar claro que las compañías de seguridad privada sólo pueden coadyuvar en casos de emergencias y desastres naturales, pero no en seguridad pública, indicó.