El pasado 23 de noviembre, al anunciar sus primeros nombramientos, el virtual presidente electo de Estados Unidos (EU), Joe Biden, aseveró que “no hay tiempo que perder cuando se trata de nuestra seguridad nacional y política exterior”. En lenguaje orwelliano, Biden expresó su decisión de restaurar el papel del hegemón del capitalismo mundial como “Estado canalla” ( roguestate); la aplicación del imperio de la fuerza en los asuntos mundiales que diferentes administraciones demócratas del último medio siglo han practicado con total fruición al margen de la Organización de Naciones Unidas y el derecho internacional.
“Necesito un equipo listo desde el primer día que me ayude a recuperar el lugar de Estados Unidos en la cabecera de la mesa, unir al mundo para enfrentar los mayores desafíos que tenemos y promover nuestra seguridad, prosperidad y valores”, indicó Biden, recuperando los principales lineamientos de la doctrina de Estado canalla, que en distintos episodios contemporáneos ha exhibido la alarmante exacerbación del “menosprecio de las obligaciones contractuales” de Washington en el concierto internacional.
Según Noam Chomsky, como muchos otros términos del discurso político, el concepto “Estado canalla” tiene dos usos: uno propagandístico, aplicado a determinados enemigos de EU, y un uso literal, que se aplica a los estados que no se consideran obligados a actuar de acuerdo con las normas internacionales, como ha sido el caso de EU. Ejemplos sobran.
En 1963, en un informe a la American Society of International Law (ASIL, por sus siglas en inglés), el ex secretario de Estado Dean Acheson, consejero de cuatro presidentes de EU y principal artífice de la diplomacia de guerra de Washington en la época de la guerra fría, afirmó que la “conveniencia” de una respuesta a un “desafío (al) poder, posición y prestigio de EU (…) no es una cuestión legal”. Según él, el derecho internacional “no obliga” a EU. Acheson se refería al bloqueo a Cuba, uno de los principales blancos de la subversión, el terrorismo de Estado y la guerra económica de 11 sucesivas administraciones en la Casa Blanca.
En 1993, el presidente Bill Clinton informó a la ONU que EU “actuará multilateralmente cuando sea posible, pero unilateralmente cuando sea necesario”. Y en 1999, durante el segundo mandato del demócrata, su secretario de Defensa, el republicano William Cohen –con el Congreso dominado por los republicanos Clinton nombró a Cohen jefe del Pentágono para enviar la señal de trabajar con espíritu bipartidista en temas de Seguridad Nacional−, declaró: “No podemos convertirnos en la policía del mundo, pero tampoco debemos convertirnos en los prisioneros de los acontecimientos mundiales”. Agregó que EU estaba dispuesto a hacer “uso unilateral del poder militar” para defender “intereses vitales”, que incluían “asegurar el acceso sin obstáculos a mercados clave, aprovisionamiento de energía y recursos estratégicos” y, desde luego, todo lo que Washington pueda decidir que está dentro de su “jurisdicción interna”.
Ahora, con absoluta fidelidad a los mitos del Destino manifiesto y el “excepcionalismo” estadunidense, Biden quiere sentar a EU en la “cabecera” de la mesa de las negociaciones internacionales. Para ello, los nombramientos de Antony Blinken como secretario de Estado, y de Avril Haines como directora de la Inteligencia Nacional, envían la señal de que habrá continuidad a la proyección imperial de Washington.
Descrito como el alter ego de Biden y “vendido” con fines propagandísticos como reputado “europeísta” y garante del “multilateralismo”, Blinken, cuya nominación deberá ser confirmada por el Senado, forma parte del “partido de la guerra” de la era Obama, y desde el gobierno de Clinton se destacó por sus posiciones intervencionistas. Como asesor adjunto de Seguridad Nacional (2013-15) bajo la vicepresidencia de Biden, Blinken, cercano al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, desarrolló planes de agitación y desestabilización política en todo Medio Oriente. Fue uno de los impulsores de la patraña sobre los arsenales de armas químicas de Bashar Al Assad en Siria, que llevó a la intervención militar de EU y al patrocinio encubierto, con 500 millones de dólares, de las milicias y grupos terroristas como parte de una operación de “cambio de régimen” de la administración Obama. Antes había apoyado la catastrófica invasión a Libia, en 2011. Como operador de la diplomacia de guerra de Washington, intentará ahora reforzar el papel de la OTAN para cercar a Rusia.
Colaboradora de Biden, Avril Haines trabajó en la CIA en el gobierno de Obama, antes de suceder a Blinken como asesora adjunta de Seguridad Nacional. En 2013, como vicedirectora de la CIA defendió el uso de técnicas de “interrogatorio mejorado” (sic) sobre militantes islamitas, prácticas que una investigación del Comité de Inteligencia del Senado calificó de “tortura”. Además, es responsable del marco legal de la secreta guerra de drones que costó la vida a casi 800 civiles presuntos terroristas en Pakistán, Somalia y Yemen; ella decidía quién debía ser asesinado. Ahora se convertirá en la primera mujer al frente de la llamada “comunidad de inteligencia”, una federación de 16 agencias que incluye a la inteligencia militar y civil, y oficinas civiles de análisis-estadístico que contribuyen a la planificación de misiones militares y actividades de espionaje en el exterior. Haines responderá directamente ante el presidente Biden.
El próximo asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, es partidario de acentuar las herramientas no militares, en particular la guerra económica, para intentar separar a China, Rusia y Cuba de Venezuela, a fin de derrocar al presidente Nicolás Maduro; sus ideas respecto a cómo hacerlo coinciden bastante con la estrategia empleada por Trump.
