Mazatlán, Sin. De 44 comedores comunitarios que ofrecían alimentos a hijos de jornaleros agrícolas en Sinaloa sólo quedan 17 debido a la cancelación del Programa de Atención de Jornaleros Agrícolas (PAJA) por parte del gobierno federal, informó Iliana Castro Miranda, directora de Save the Children, organización defensora de los derechos de la niñez.

Señaló que de los 17 comedores que aún brindan servicio, nueve se localizan en municipios del sur de la entidad, entre ellos Rosario, Mazatlán y Escuinapa, región que concentra la mayor cantidad de trabajadores migratorios.

Castro Miranda dijo que con la desaparición del PAJA, en 2019, se redujeron los recursos destinados a los programas que Save the Children ofrecía con la Federación; por ello la organización promueve ante el Senado una solicitud para que el proyecto sea retomado por los beneficios que ofrecía a más de 100 mil familias.

Mencionó que durante la pandemia han buscado apoyos extraordinarios de empresarios nacionales y extranjeros para ampliar el número de beneficiarios, pues se entregaron unas 28 mil despensas a 7 mil familias.

Subrayó que hubo casos en que se entregó ayuda hasta en cuatro ocasiones a la misma familia, pues muchos jornaleros se quedaron sin trabajo.

Empresarios, indiferentes

La directora de Save the Children detalló que el ayuntamiento de Escuinapa está por inaugurar un albergue y una guardería en el poblado de Teacapán, el cual contará con 40 habitaciones y una guardería para atender hasta 150 niños.

Esto, explicó, se logró con respaldo de la empresa frutícola Díaz-Azteca, que donó un terreno de dos hectáreas. Agregó que se harán dos albergues en la zona, pero son insuficientes para los miles de personas que llegan con sus hijos a trabajar en el campo.

Iliana Castro señaló que los agroexportadores de la región no han apoyado las iniciativas para mejorar las condiciones de vida de las familias de jornaleros.

Destacó que no existen mecanismos que los obliguen, pues los productos que cosechan, entre ellos, chile y jitomate, van a los mercados de abasto de Guadalajara y la Ciudad de México, que no exigen certificados; de lo contrario “no pasarían los controles”, pues emplean mano de obra infantil.

En marzo de 2019 el gobierno federal eliminó el PAJA a pesar de que hay alrededor de 9 millones de mexicanos –los trabajadores y sus familias– que emigran de sus comunidades para trabajar en los campos del norte del país, donde enfrentan abuso laboral, insalubridad, falta de educación y hacinamiento.

El PAJA estaba adscrito a la Secretaría de Bienestar y su finalidad era reducir la vulnerabilidad de esta población con servicios de salud, alimentación, educación y albergues en las unidades de trabajo.

Durante el sexenio pasado el programa se fue deteriorando, pero eso no justificaba que desapareciera y se abandonara a esta población, consideró en ese entonces Isabel Margarita Nemecio, coordinadora general de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 2017 el programa atendió a 76 mil personas, y durante el sexenio pasado su presupuesto se redujo de 270 millones de pesos en 2012 a 213 millones en 2017, pero en 2019 se le quitaron todos los recursos.