De las once universidades estatales en crisis financiera, cinco no podrán pagar sus nóminas a partir de la segunda quincena de noviembre, planteó esta semana la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu).
En una reunión con representantes de la Secretaría de Educación Pública, la agrupación de sindicatos universitarios señaló que estas cinco instituciones son la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y las autónomas de Nayarit, Sinaloa, Zacatecas y Durango.
Rectores y sindicatos universitarios han solicitado sin resultado a los gobiernos federal y locales ampliaciones presupuestales para el cierre del año. Ante este panorama, la Contu manifestó que en caso de no recibir el pago de salarios, los 60 sindicatos que integran esta confederación acudirán a Palacio Nacional a las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador para intentar ser escuchados.
Enrique Levet Gorozpe, secretario general de la confederación, explicó que en caso de que sea cometida la violación a los derechos laborales de los trabajadores, se reunirán nuevamente para tomar una determinación más contundente.
Aseveró que “si no ocurriera el pago, tomaríamos una decisión más drástica como el apagón de las computadoras, toda vez que las universidades están trabajando en línea, pero esperamos que no tengamos que llegar a ese momento. Confiamos en las autoridades y en el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro”, a quien la Confederación solicitará que comunique sus demandas al presidente López Obrador.
En la reunión, Carmen Enedina Rodríguez Armenta, directora general de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública, expuso que algunos gobernadores no han cumplido con los compromisos pactados para dar el subsidio a las casas de estudios y afirmó que si ellos aportaran lo que les corresponde no estarían en crisis, de acuerdo con información de la Contu.
En tanto, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca, lamentó que a pesar de las gestiones realizadas por las universidades públicas estatales del país con legisladores para buscar un aumento de recursos para el próximo año, “no hubo la escucha necesaria en el órgano legislativo para pasar de 3.07 por ciento a 3.4 por ciento en el incremento presupuestal para las instituciones de educación superior ni para dotar de recurso a los fondos concursables que servían para apoyar la consecución de objetivos” de las casas de estudio.
En un informe mensual presentado al Consejo Universitario de la UAQ, señaló que rectoría se encuentra gestionando un aumento presupuestal con el gobierno y el Congreso local, y añadió que si se considera que desde 2016 no hay un incremento real de los presupuestos a las instituciones públicas de educación superior, hoy éstas enfrentan un déficit de 18 mil 819 millones de pesos.
