Washington. El intento del presidente Donald Trump de excluir del censo a las personas que viven como indocumentadas en Estados Unidos para asignar escaños en el Congreso se encamina a la Corte Suprema.

Los principales abogados de la administración Trump esperan que los jueces –en un tribunal que incluye a tres nominados del mandatario– acepten la idea, rechazada reiteradamente por cortes menores. Es el más reciente y casi seguramente el último enfoque del gobierno sobre migración en llegar al máximo tribunal. Los alegatos se realizarán el lunes por teléfono debido a la pandemia de coronavirus.

Y mientras los jueces de la Corte Suprema analicen el esfuerzo para sacar, por primera vez, a millones de personas sin ciudadanía del conteo poblacional usado para determinar cuántos escaños recibe cada estado en la Cámara de Representantes, además de la asignación de fondos federales, los expertos dicen que otros asuntos se aproximan para el censo de 2020, cuando se encamina a terreno desconocido sobre plazos, calidad de datos y política.

Una serie de nuevas preguntas fuera de la decisión final de la Corte pudieran determinar el resultado final del censo, incluso si la administración entrante de Joe Biden hace algo para revertir decisiones tomadas por Trump.

Algunas de las preguntas que se avecinan son: ¿podrá la Oficina del Censo del Departamento de Comercio de Estados Unidos cumplir con el plazo de fin de año para la entrega de los números usados para la asignación de escaños? ¿Pudiera la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, rechazar los números de la administración republicana si considera que son erróneos? ¿Va el Senado a aprobar una ley que extienda los plazos para entregar las cifras del censo?

El primer elemento desconocido es cómo fallará la Corte Suprema.

Cortes federales en California, Maryland y Nueva York han fallado que el plan de Trump viola la ley federal o la Constitución, que dice que “los representantes deberán ser asignados entre los diversos estados de acuerdo con sus respectivos números, contando el total de personas en cada estado”. Una cuarta corte, en la capital, falló la última semana que un cuestionamiento similar al plan de la administración era prematuro, un argumento que también fue a la máxima corte del país.

“Lo que quiere hacer Trump sería un alejamiento radical. Los perdedores no serían individuos. Serían estados completos y comunidades que perderían representación cuando los miembros indocumentados de esas comunidades queden fuera del correo usado para la asignación de escaños”, indicó Dale Ho, el abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, que presentará los argumentos a nombre de activistas de inmigración y de grupos de derechos civiles en la Corte Suprema.

El gobierno de Trump argumenta que la Constitución y la ley federal le permiten al presidente excluir a “extranjeros ilegales” del conteo.

“Como lo indican la historia, los precedentes y la estructura, el presidente no tiene que tratar a todos los extranjeros ilegales como ‘habitantes’ de los estados y con ello permitir que su desafío a la ley federal distorsione la asignación de los representantes de pueblo”, escribió el procurador general interino, Jeffrey Wall.

Según cálculos del gobierno federal, California podría perder de dos a tres escaños en la cámara baja si se excluye a quienes viven sin papeles en el país, sobre la base de que la administración asegura que son más de 2 millones de residentes indocumentados en el estado, pero Ho apunta que un cambio en la división de escaños podría resultar de números mucho menores.

La cámara baja, controlada por los demócratas, ha argumentado que el plan de Trump resultaría en una distribución injusta de escaños para objetivos políticos partidistas, el último intento de “manipular el censo en formas nuevas y preocupantes”. La cámara dice que el plan de Trump es parte de un esfuerzo amplio que incluyó un intento bloqueado por la Corte Suprema para añadir una pregunta sobre ciudadanía al censo por primera vez en 70 años.

Para que la orden sea ejecutada, el procesamiento de datos sobre los números de asignación de escaños tendría que ocurrir mientras Trump sigue en el poder, pero un anuncio este mes de que se encontraron anomalías en los datos pone en peligro la capacidad de la Oficina del Censo para entregar las cifras al presidente para el plazo del 31 de diciembre. Trump, a su vez, tiene que enviar los números al Congreso el 10 de enero. Si los problemas con los datos obligan a una demora de incluso tres semanas, la Oficina del Censo entregaría los números al nuevo presidente, quien asume el cargo el 20 de enero.