Washington. Una corte federal desestimó ayer tajantemente las denuncias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que las pasadas elecciones fueron injustas y se negó a dejar en suspenso la victoria de Joe Biden en el estado clave de Pensilvania.

En una dura revisión de los argumentos de la campaña del mandatario republicano, que afirma que le “robaron” la elección del 3 de noviembre, tres jueces de una corte de apelación indicaron de forma unánime que el equipo de Trump no presentó denuncias genuinas ni evidencias para sustentar sus tesis.

“Las acusaciones de injusticia son algo serio. Pero decir que algo fue injusto no lo convierte en injusto”, indicó la corte. La campaña de Trump alegó que hubo discriminación. “Pero esta alquimia no puede transmutar el plomo en oro”, respondió la corte.

Ésta es la última de una serie de reveses sufridos por la campaña de Trump en todo el país, que no ha logrado convencer a ningún tribunal de que la derrota en las urnas se debió a la existencia de fraude.

Este martes el gobierno de Pensilvania certificó oficialmente los resultados y la campaña de Trump apeló en una corte federal para paralizar ese proceso. Pero el tribunal de apelación indicó que las “acusaciones son vagas. Nunca se argumenta que alguien haya tratado a la campaña de Trump o a los votos peor de lo que se trató a la campaña de Biden”.

Con la ventaja de Biden consolidada en el voto popular y en el colegio electoral, el tribunal advirtió que una apelación ante la Corte Suprema no iría a ninguna parte.

Sin embargo, Jenna Ellis, una de las abogadas del equipo de Trump, anunció en Twitter que el fallo será apelado.

En política exterior, el Departamento de Estado estadunidense condenó las “injustas” sentencias de corrupción a seis ex ejecutivos de la empresa Citgo Petroleum Corporation, filial de la estatal Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, al calificar el proceso judicial venezolano de “tribunal arbitrario”. “Después de cancelar su comparecencia inicial ante un juez decenas de veces durante los pasados tres años, el ilegítimo sistema legal venezolano condenó y sentenció repentinamente a estos ejecutivos petroleros sin ninguna evidencia.

“Estas seis personas deberían ser devueltas inmediatamente a Estados Unidos”, sentenció el departamento en un comunicado en su página web.