El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) local sólo ha logrado recuperar 25 millones de pesos de los más de 108 millones del fondo de apoyo a la administración pública que defraudó la Sociedad Financiera Popular Ficrea en 2015, en tanto, para el cierre del ejercicio fiscal carece de 647 millones de pesos destinados al pago de prestaciones e impuestos sobre nómina de sus 10 mil 863 empleados.

El presidente del órgano jurisdiccional, Rafael Guerra Álvarez, informó que requerirá de la Secretaría de Administración y Finanzas un mayor presupuesto con el fin de cumplir esas obligaciones, aunque aclaró que ese mecanismo se ha aplicado en años recientes desde que el Poder Judicial local opera con déficit.

Además, advirtió al Congreso capitalino que de no tener recursos adicionales a los 6 mil 254.2 millones fijados como techo presupuestal para 2021, seguirá el retraso en acciones derivadas de las reformas judicial y laboral, así como por las nuevas obligaciones emanadas de la Constitución local.

En reunión de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Legislativo, el magistrado recordó que por el fraude contra el TSJ, que mediante un juicio mercantil en el juzgado 68 civil a través de Santander como institución fiduciaria, se condenó a Ficrea a pagar los 108 millones 39 mil 62 pesos de la inversión realizada, más 2 millones 993 mil 486 pesos por actualización del monto.

Posteriormente, en el concurso mercantil en el juzgado 14 de distrito en materia civil, se reconoció la prelación del pago del adeudo.

“En esta administración se han recuperado 8 millones 678 mil 94.27 pesos, que sumados a las anteriores suman 27 millones 563 mil 76.76 pesos, equivalente a 25.5 por ciento del importe total y seguimos trabajando en ello, se han realizado las gestiones judiciales necesarias para la recuperación de la inversión que resultó ser un fraude”, explicó Guerra Álvarez a pregunta expresa de los legisladores capitalinos.

Sin embargo, omitió responder sobre responsabilidades de funcionarios de ese entonces, encabezados por Édgar Elías Azar, a partir de la denuncia que en su momento se presentó ante la que era Procuraduría General de Justicia y la investigación iniciada por la Contraloría Interna.

El titular del tribunal solicitó al Legislativo 11 mil 742.8 millones de pesos para 2021, o sea, 5 mil 488.6 millones arriba del techo autorizado y, en caso de no obtenerlos, dijo que se tendrán que posponer proyectos transitorios de las reformas judicial, laboral, para el fortalecimiento de las materias penal, civil, mercantil y familiar, así como la instalación de juzgados de tutela de derechos humanos.