La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso de una pequeña de San Luis Potosí que fue víctima de diversos delitos sexuales, presuntamente cometidos por personal de un colegio privado del municipio de Rioverde hace tres años, y que hasta el momento sigue impune.

Marcela Alemán y Roberto Cuello, padres de la niña, acompañados de su representante legal, Ana Katiria Suárez Castro, señalaron en conferencia de prensa virtual que la decisión de esta sala del máximo tribunal les abre una esperanza para que tras un largo camino en la búsqueda de justicia, por fin puedan acceder a ella.

Cuando la pequeña Lía tenía cuatro años de edad (hoy tiene siete), fue víctima de distintos abusos sexuales por parte de –de acuerdo con su propio testimonio— maestras del colegio Luis Gonzaga Urbina, ubicado en Rioverde, y de otros hombres a los que describió como “los señores de tenis azules”. De acuerdo con su familia, podría tratarse de un grupo dedicado a la trata y pornografía infantil.

La abogada de la familia informó que el presidente de la primera sala de la SCJN, ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, decidió atraer el caso el pasado 25 de noviembre, precisamente en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, “para fijar criterios en torno al interés superior de niñas y niños”.

Este fallo se da, agregó, luego que el Poder Judicial de San Luis Potosí desestimó el testimonio de la pequeña Lia y otras pruebas presentadas por la defensa, además, de que sólo procesó a una sola persona (mujer), por un único delito y a quien después absolvió.

Enfatizó que al resto de los acusados nunca se les procesó ni se tomó en cuenta la diversidad de delitos de los que fue víctima la niña.

La litigante recordó que diversas instancias del Poder Judicial de la Federación dieron la razón al Poder Judicial de San Luis Potosí, “dejando a la víctima y su familia en indefensión”. Por ello, promovieron un último recurso a fin que la Corte atrajera el caso.

Los padres de la menor indicaron que además de todo el sufrimiento por los abusos contra Lia, desde que han “mendigado justicia”, han sido perseguidos, amenazados de muerte y atacados, por lo que tuvieron que abandonar su hogar en San Luis Potosí y refugiarse en la Ciudad de México, sin embargo, debido a los riesgos se han tenido que desplazar en 15 ocasiones dentro de la misma capital del país.

La abogada Suárez Castro apuntó que en un primer momento la primera sala de la SCJN alegó que no le competía revisar el caso, por lo que se tramitó un recurso de reclamación tras el cual los ministros de esa sala cambiaron su postura y resolvieron la atracción a fin de “fijar criterios en torno al interés superior de la niñez, lo que ubica a este caso como emblemático, pues esos criterios servirán de antecedentes para que futuras víctimas no le sea negado su derecho al acceso a la justicia”, señaló la litigante.

Asimismo, cuestionó “el interés evidente” de las fiscalía y autoridades judiciales de San Luis Potosí para proteger a los victimarios de la niña, pues incluso han sido omisas para investigar las campañas de hostigamiento y ataques a la integridad física de sus padres.

Marcela Alemán, madre de la pequeña, narró el largo recorrido que ha hecho desde hace tres años en busca de justicia para su hija, desde amarrarse a una silla en la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a saltarse la barda de la Secretaría de Gobernación (SG), para ser escuchada, ya que en todo momento y diversas autoridades se han negado a escucharla.

“Lo único que le prometimos a mi hija es justicia, por lo que nos trasladamos a la Ciudad de México para buscarla, porque en San Luis Potosí nos quedamos sin nada, éramos la burla de la justicia”, señaló Roberto Cuello, padre de la menor.

Denunciaron que pese a las denuncias de abuso en el interior del colegio, éste sigue operando “con la protección de las autoridades estatales”.

La abogada señaló que entre muchas irregularidades que se cometieron durante el proceso seguido por las autoridades del estado, fue que no se consideró válido el testimonio de la niña, además que durante diversas audiencias de más de 16 horas, a la menor se le tuvo separada de sus padres, quienes no conocieron qué sucedía durante esos periodos.